Fernando R. Beltrán Nieves

Los indicios recientes del PROCUP en el PDPR

Es necesario hacer una muy breve presentación del por qué llego al ámbito de la clandestinidad subversiva de México a partir de la consideración de una organización particular como lo es el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, de suma importancia al interior de tal ámbito.

A lo largo de este año, 2007, mi trabajo ha estado girando alrededor de la interpretación sobre la preponderancia que ha venido teniendo el uso de la violencia física oficial en México (cf. Beltrán Nieves, 2007). Lo que llega a nuestros oídos sobre desapariciones o encarcelamientos (particularmente de activistas, de militantes), violaciones a los derechos humanos o la reactivación de la llamada “guerra sucia”, son algunos indicadores al respecto. Evidentemente no son los únicos ni los más importantes, pero sí indicadores.

La interpretación quería relacionar, en el fondo, esta creciente preponderancia implementada con la creciente pérdida de legitimidad que están sufriendo diversos órdenes de la política oficial, concretamente la representatividad y sus regulaciones. Si bien no llegué a un punto de comprobar la relación, si implicaba una conjetura como una suerte de entre más avanza la primera, la segunda retrocede.

Este uso de la violencia, vale señalarse, no es algo nuevo ni mucho menos; ha existido en magnitud, en intensidad, en disimulo considerables y ha sido ejercida buscando siempre “pertinentes” justificaciones. El punto fuerte de la interpretación consistía en que era posible argumentar a favor de que ciertos canales por los que se nutre la legitimación de la “maquinaria estatal”, por donde proviene la violencia oficial y en donde se hace la política oficial, no gozan ya de buena salud. Claro, esta circunstancia no es exclusividad del caso mexicano.

A partir de ciertas perspectivas que se han venido realizando en el Centro Fernand Braudel, cuyas hipótesis de trabajo refieren a todo el sistema mundial, si bien es importante la distinción ya clásica centro / periferia, se consideraban canales de nivel estructural, por ejemplo la llamada “crisis fiscal del estado”; y se tomaron en cuenta canales de nivel supraestructural, por ejemplo el repliegue del liberalismo. Tal pérdida de legitimidad encontraba entonces explicaciones de carácter estructural, y la construcción de esa argumentación ha sido, decía, el meollo de mis intereses. Ahora bien, en todo ese recorrido se había sólo mencionado, sin poder precisarlo, que la importancia de lo que se dijera sobre lo que hacen contemporáneamente las “clases peligrosas” y, sobre todo o más precisamente, aquellas que se proponen combatir abierta y frontalmente a la “maquinaria estatal”, sería de gran importancia para ampliar, profundizar y precisar mucho más acerca de este contexto de presiones poderosas.

Este es el trasfondo de la siguiente intervención. A diferencia de este trabajo anterior que relato muy brevemente, cuyo valor más importante radica en sus esfuerzos de interpretación a partir de fuentes de sociología histórica, este avance que ahora doy cuenta tuvo que suspender las implicaciones de análisis que suponía e invitaba el trabajo anterior, para dedicarme exclusivamente, al menos por estos momentos, sobre lo que el propio objeto de la clandestinidad subversiva proporciona, así como las plumas que escriben al respecto que más me gustaron.

Me gustaría hablar aquí de los indicios visibles acerca de que el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP en adelante) no ha desaparecido del ámbito de la clandestinidad subversiva, si bien este nombre ya no existe por el hecho de haberse transformado, hace 11 años, en el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR en adelante). No lo ha hecho en términos de razonamiento político, sobre todo y expresado en los programas o manifiestos, pero también expresado en el razonamiento militar. Dicho de otra manera, es posible registrar indicios de que la existencia del actual PDPR-EPR ha mantenido las herencias que anteriormente estaban expresadas en el proyecto subversivo clandestino antecedente.

El EPR se creó en la clandestinidad en mayo de 1994, y después de dos años su brazo político dio a luz bajo las mismas condiciones. Entraron en la escena pública el 28 de junio de 1996 con un manifiesto en honor al lugar y se presentaban en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, a un año de que ocurriera la triste noticia de 17 campesinos asesinados pertenecientes a la Organización Campesina de la Sierra del Sur. De todos los impulsos que tuvieron, según comunicarían poco más tarde, el zapatismo había sido el principal detonador para comenzar el nuevo proyecto, puesto que la historia del PROCUP, la organización político militar antecedente, imposibilitaba su crecimiento o expansión y, por tanto, debía redefinirse. El zapatismo fue entonces un impulso fundamental puesto que lo que muchos habían declarado de manera oficial como muerto en México, resurgió abiertamente otra vez de la mano del Ejército Zapatista. La fuerza de las ideas sustentadas en las armas distaba lejos de esfumarse, como se sostenía principalmente desde los ámbitos oficiales, pero no únicamente. Por supuesto que no se trataba únicamente de la baraja que ofrecía el contexto nacional para disponer de justificaciones al respecto cuyas probabilidades más altas residían en la pasada política de exterminio de la insurgencia radical, la cual había sido sistemática y exitosa, sino también de lo que ofrecía el contexto regional con el declive claro de los frentes guerrilleros en Centroamérica ––derrota en Guatemala, negociación en El Salvador y derrota del Frente Sandinista en las propias urnas––, y qué decir del fuera de combate del marxismo-leninismo cobijado, difundido y alentado desde el Partido Comunista de la ex-URSS.

Ciertamente el vínculo estrecho que pareció darse en el sureste nacional duró poco. Cuando el zapatismo optó por la negociación ––nótese que más hacia la llamada sociedad civil que hacia el gobierno, según lo han expresado––, comenzó un replanteamiento acerca de su vínculo con las armas, y posteriormente, a los ojos de los ámbitos oficiales, se lo concibió la “guerrilla buena”. De tal manera que junio de 1996, cuando aparece este otro proyecto subversivo, se terminó con los momentáneos regocijos del poder a propósito del cambio que hizo el zapatismo con respecto de la importancia de las armas, y esta vez no ha habido marcha atrás.

La “guerrilla mala”, como la nombró posteriormente Ernesto Zedillo, tras una serie nada despreciable de desprendimientos, continúa al día de hoy. Con once años de historia bajo esos nombres así como tras los explosivos sobre infraestructura de Petróleos Mexicanos en Guanajuato, Tlaxcala y Veracruz, este año 2007 es tal vez el momento en que la existencia de esta organización político militar más ha resonado, presentándose ciertamente fortalecida después de que hubieran por lo menos cinco o seis grupos o proyectos escindidos. Una fuerza recuperada que se refleja en su alcance y coordinación pues trasciende el sur de México, particularmente Guerrero, Oaxaca y Chiapas, los estados tradicionales de operación.

Entremos en materia. ¿De qué indicios se trata? Hasta el momento del trabajo de archivo en el Centro de Documentación de Movimientos Armados (cf. www.cedema.org), un sitio electrónico cuyo trabajo sobre Latinoamérica es realmente invaluable para acceder a fuentes directas y otros recursos, los indicios visibles se encuentran a partir de las rupturas que se han registrado. En efecto, a tan sólo poco más de dos años de que apareciese en 1996, sucedió la primera ruptura y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente se da a conocer (ERPI). Las tres siguientes que se dieron, no terminarían sino hasta el año 2001 con las apariciones del Ejército Villista Revolucionario del Pueblo (EVRP), de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), y de la Tendencia Democrática Revolucionaria Ejército del Pueblo (TDR EP). Es verdad que algunas organizaciones escindidas han vuelto a encontrarse, por lo menos temporalmente, como fue el caso de la extinta Coordinadora Guerrillera Nacional José María Morelos, como es cierto también que de los primeros desprendimientos han surgido otros, como es el caso del Comando Justiciero 28 de Junio (CJ 28) proveniente del ERPI. De tal suerte que el periodo que corrió de 1998 a 2001 fue marcado de rupturas, antagonismos y agudos conflictos, y éstos volvieron a intensificarse entre los años 2003 y 2004, ya no sólo entre lo que quedó del PDPR-EPR y sus desprendimientos, sino con la emergencia de otras siglas que no tienen origen en el PROCUP.

A una considerable distancia temporal de que terminasen las escisiones y a tan sólo poco más de un año de que bajase la intensidad del más reciente conflicto entre organizaciones subversivas clandestinas, cuyo punto más álgido se alcanzó con el asesinato de miembros, particularmente en el estado de Guerrero, el PDPR-EPR intitula un comunicado “Un poco más de historia”, fechado en septiembre de 2005 (PDPR-EPR, 2005). En él se hace una biografía de la organización desde los orígenes y se posiciona ante el significado que han tenido tanto las rupturas como los permanentes conflictos. Las acusaciones, sus razones y las propias justificaciones, con ciertos grados de apología, definen el guión de la historia.

El primer indicio es una afirmación que encontramos en esta historia, firmada por el propio PDPR-EPR. Según éste, desde que se dieron a conocer en 1996, no hubo otra cosa que las “estructuras” del PROCUP. Esta afirmación, en mi opinión, debe considerarse en los siguientes acercamientos. Al poco tiempo después de que aparecieron públicamente en Guerrero, se había dicho que la emergente organización subversiva se conformaba de la “unión” de 14 organizaciones armadas clandestinas, entre las que destacaban el PROCUP y el Partido de los Pobres. Si bien se encuentran documentos en donde se expone el nombre de las siglas, la composición política y militar y la relación que establecían todas esas organizaciones, esta afirmación, que tomó la forma de una disculpa por la mentira, rechaza lo que había durado cerca de diez años o, dicho de otra manera, lo que había permanecido censurado durante todo ese tiempo por parte del sector que hoy dirige el actual PDPR. ¿Por qué ha salido a la luz? Como se dijo anteriormente, esta historia tiene el principal interés en desacreditar las escisiones, descalificándolas con el “delito de la deserción” como acusándolas de “traidores” u otras denominaciones, así como el interés en defender el proyecto que hoy define lo que quedó tras las rupturas o lo que se mantuvo a costa de los desprendimientos. Es una defensa de lo que se juega bajo estas siglas de tal grado que su historial como organización clandestina y subversiva ha venido marcada por el proyecto original; la trayectoria recorrida no ha sido otra que la continuidad del PROCUP. De tal manera que, al menos desde septiembre de 2005, el actual PDPR se reivindica continuador y defensor del proyecto original.

La historia que relata este comunicado de septiembre da cuenta de una trayectoria marcada de combates, inclusive de muerte, no ya frente al estado mexicano, naturalmente, sino, y de manera particular, frente a otras posiciones subversivas. La frecuente negación que hace el PDPR de los adjetivos de “policíaca, ultra o infiltrada” relativos a su precursora, nos ofrece una idea del nivel de antagonismo frente a otros grupos o proyectos. Podemos imaginar, entonces, las posibles razones del cambio de imagen, comenzando con el nombre y, a la vez, dejando atrás lo que el mismo PDPR alude, por lo menos dos veces, de historia “negra” del PROCUP. Si antes de su emergencia pública se creyó factible, necesario o estratégico tal negación, en 2005 se hace la defensa y reivindicación del proyecto original pero sin regresar o recuperar las siglas antecedentes.

El segundo indicio que ofrezco se encuentra también en una historia. Pero ésta no trata de una autoreinvidicación. “Crónica de una colisión inevitable” aparece al final del año 2005 y es firmada por un antiguo desprendimiento, quien antes de serlo había funcionado primero como “corriente de opinión” al interior del PDPR, y que hoy explica el accionar de por lo menos tres o cuatro comandos que se han hecho públicos desde 2004 (TDR EP, 2005). Este comunicado de diciembre nos lleva ciertamente por otras direcciones. En él aparecen, para nuestros fines aquí, otra versión del por qué de los desprendimientos o, al menos, el de TDR EP; una versión del por qué de la llamada “leyenda o historia negra”; así como la objetivación que hace de su matriz de origen.

Antes de considerar este otro testimonio colectivo, considérese lo siguiente. Se tiene conocimiento más o menos fidedigno por cuáles caminos han circulado las razones de las organizaciones escindidas que se hicieron públicas posteriormente. Esta luz al respecto ha sido más bien coyuntural o responde en menor medida a intenciones por comprender o por aclarar las divergencias antagónicas, mucho menos las intenciones que van dirigidas hacia el espacio que no pertenece a los actores en disputa. Se sabe también que las coincidencias de ruptura se relacionan sobre todo con la “teoría revolucionaria”, el “reclutamiento”, la “comunicación” entre dirigencias como con las “bases”, las “jerarquías”, la “administración de los recursos”, entre otros, si bien han tenido qué ver también en términos personales. De tal manera que es plausible sostener que todas las rupturas conocidas deben ser vistas, en buena parte, como síntomas o indicadores de un resguardo, de un mantenimiento o de una acentuación del proyecto fundacional por parte del grupo que hoy mantiene vivo el nombre PDPR-EPR, un proyecto al que los otros grupos cuestionaron de tal manera que los llevaron al desprendimiento. Esta plausibilidad de la que hablo se refuerza mucho con la consideración de este comunicado fechado en diciembre de 2005.

“Crónica de una colisión inevitable” debe ser vista como la respuesta inmediata a “Un poco más de historia”. La distancia que los separa es tan sólo de 4 meses. Debe decirse que el debate entorno a la historia del PROCUP ––léase también de sus significados––, en gran medida el núcleo del debate, no se agota en absoluto entre la discusión de estos dos interlocutores, por llamarlos de esta manera. Si el de septiembre fue la defensa y reivindicación del proyecto original, como decíamos, el comunicado de diciembre no es más que su crítica y su confrontación, por donde circulan asimismo las razones y las justificaciones que dieron vida a la autonomía de esta otra organización político militar subversiva.

El segundo indicio se concreta entonces con el reconocimiento que hace TDR de la relación de continuidad que reivindica el PDPR con respecto del PROCUP. No se trata de un aval en términos positivos, por supuesto y tómese en cuenta. El único crédito otorgado es que se reconoce que el proyecto fundacional es hoy claramente mantenido y defendido por el PDPR. Lo que a los ojos de este desprendimiento es interpretado como la continuidad del “dogmatismo”, “egocentrismo”, “centralismo”, “hegemonismo”, “paternalismo”, “autoritarismo”, “marxismo de manual”, “sectarismo político” o de la exacerbación del aspecto armado como la “definitiva” propiedad de la “lucha revolucionaria” ––los nodos que articulan en buena parte la crónica––, la reivindicación del origen que ha hecho el PDRP significa, en su opinión, no sólo el rescate de una larga trayectoria que comenzó en la medianía de los años sesenta, sino la necesidad de “fortalecer” el proyecto a partir de los errores cometidos.

Un tercer indicio pertenece al ámbito de la observación sobre el espacio de la clandestinidad subversiva. Desde que inició 2004 hasta la fecha, Jorge Lofredo ha venido escribiendo ininterrumpidamente sobre la guerrilla en el país. Su trabajo de archivo, de análisis político y como entrevistador, sin duda alguna, lo hacen referente indispensable en el acercamiento y en la comprensión de los grupos subversivos clandestinos en México. De una amplia producción a lo largo de casi tres años, en por lo menos cuatro puntos de sus “Posdatas”, como clasifica sus escritos, se encuentra la indistinción de las dos organizaciones a las que está sujeto el accionar del EPR. A veces, el guión que separa al PDPR del PROCUP, o en otras ocasiones, más claramente, sustituyendo al primero por el segundo, apostando la tesis de que se trata de una organización indistinta, es otro referente de lo que hemos querido hablar aquí (cf. 2005a; 2005b; 2005c; 2007). Además, esta interpretación ha servido a propósito de los conflictos agudos que han habido entre grupos subversivos. La denominación de “ortodoxos” o “conservadores” está referida para el actual PDPR, y la otra de “rupturista” para aquellos proyectos pertenecientes de lo que se conoce como la “diáspora eperrista” (2004; 2005b). Ha sido útil a decir de los conflictos internos de la guerrilla mexicana, tan intensos en no pocas ocasiones, porque en cierta medida refieren al mantenimiento o al rechazo del proyecto fundacional que, hasta antes de 1994, como se ha dicho, había quedado en la historia junto con el PROCUP, y que desde septiembre de 2005 fueron reivindicados públicamente por el actual PDPR.

¿Son estos indicios del PROCUP en el actual PDPR-EPR lo más importante para comprender más o para mirar de más cerca a esta organización; incluso para despertar y alentar la curiosidad de otros a propósito de ella? Sin restar relevancia a la exposición anterior, no tengo la menor duda en afirmar que no se trata de lo más importante. La presencia de esta organización, así como de las otras que se sitúan en la clandestinidad subversiva, no dejan de poner énfasis sobre lo que muchos quisieran que ya no existiera o, al menos, que ya no tiene relevancia; me refiero al debate que se presenta bajo la oposición reforma o revolución en torno a las vías o los medios para echar a andar el cambio social. Un debate que, con estas presencias, está más vivo que nunca. También, en todo un repertorio de exigencias y programas que se han dado a conocer en diferentes momentos, como por ejemplo el Manifiesto de Aguas Blancas, el Manifiesto de la Sierra Madre Oriental o en los resolutivos posteriores de su Congreso Nacional efectuado en el año 2000, es significativa, por ejemplo, la demanda que consiste en la conformación de una “Comisión de la Verdad”. Ésta estaría nutrida por miembros provenientes de diferentes sectores, por ejemplo de la intelectualidad o del movimiento social, incluso provenientes del ámbito de los partidos legales, cuyo propósito no sería otro que el esclarecimiento profundo de los delitos y abusos que se han cometido, desde hace mucho tiempo y desde el poder oficial, a propósito de la actividad de oposición, legal o no, radical o no.

Con estos aspectos tampoco llegará a agotarse el objeto del que hemos hablado, pero al menos para mi trabajo son caminos necesarios de análisis que invitan a investigar, a reflexionar y a gescribir.

Referencias bibliográficas

Beltrán Nieves, Fernando Rodrigo (2007), “Significados de la violencia física oficial y deslegitimación de la política oficial en México”, inédito, junio, pp. 22.

Lofredo, Jorge (2004), “La guerrila mexicana: de la unidad a la ruptura”, en http://cedema.org/ver.php?id=922

_______ (2005a), “A cuarenta años del 23 de septiembre. El estado de las cosas”, en http://cedema.org/ver.php?id=509

_______ (2005b), “Guerras íntimas”, en http://cedema.org/ver.php?id=508

_______ (2005c), “Guerrilla: ‘ni los veo ni los oigo’ ”, en http://cedema.org/ver.php?id=505

_______ (2007), “Explosiones ‘nacionales’ ”, en El Universal, 13 de julio; y en http://cedema.org/ver.php?id=2085

PDPR-EPR (2005), “Un poco más de historia”, en http://cedema.org/ver.php?id=1095

TDR-EP (2005), “Crónica de una colisión inevitable”, en http://cedema.org/ver.php?id=649