Fernando R. Beltrán Nieves

Las respuestas inmediatas a La democracia en México o ¿los procesos de “desarrollo” y de “democracia” puestos en duda? (III)

Tabla de contenido

Se pretende presentar a continuación, de manera breve, el posible tipo de rupturas o continuidades en los análisis sociológicos mexicanos en torno a un fenómeno como la democracia, en un periodo histórico preciso. Debe abordarse este trabajo siguiendo o atendiendo la argumentación expuesta en nuestros ensayos anteriores. Es necesario señalar que las restantes exposiciones que a continuación se presentan se fundamentaron principalmente en una revisión documental de dos lugares estratégicos de la difusión de las preocupaciones sociológicas: la Revista Mexicana de Sociología, del Instituto de Investigaciones Sociales, y la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Esta concentración en la documentación no significa que no se haya remitido a otros lugares, sobre todo libros. Esto quiere decir, también, que nuestro objetivo principal no es agotar toda la literatura existente al respecto, sino que a partir de la observación, la documentación y el análisis de los trabajos de interés difundidos por estas revistas, se pretende conjeturar sobre el rumbo de las preocupaciones que determinaron el análisis sociológico de la democracia en México, en un periodo histórico construido.

A mediados de los años sesenta, con la obra La democracia en México, la sociología mexicana esbozó ciertas tendencias que definían buena parte del mundo social mexicano. Estas tendencias referían a su dualidad estructural: la existencia de dos opuestos a nivel de grupos: el sector participante y beneficiado de la producción del “desarrollo”, y el sector marginal que, al estar excluido de un ámbito, por ejemplo del político, era altamente probable que lo estuviera del resto. Esta dualidad explicábase por el dominio que ejercía el sector beneficiado sobre el excluido: la gran mayoría de la población, cada vez más creciente en términos absolutos. Tal mecanismo de dominación fue nombrado por el sociólogo “colonialismo interno”. Las tendencias se componían también por la existencia y dinámica de ciertos “factores reales de poder”: el presidencialismo, el partido único, o el factor más moderno de todos, los empresarios, sobre todo los extranjeros y particularmente los estadounidenses. Y las tendencias se referían asimismo a la existencia de una dinámica externa en donde México estaba posicionado desfavorablemente: dinámica caracterizada por el dominio que le ejercían el gobierno de Estados Unidos y las empresas de ese país. Con la publicación de esta obra el ámbito sociológico mexicano diagnosticaba, con una mayor certidumbre, sobre el estado y la dinámica de la polaridad entre grupos y sus espacios, así como sobre las relaciones de fuerza entre ellos.

A partir de la publicación de La democracia en México, estaba claro que los procesos del “desarrollo (económico) nacional” así como el de la democratización, cuyas trayectorias estaban relacionadas y se influían mutuamente, no sólo serían objeto de combate con el paso del tiempo sino que podía precisarse al respecto. El primer proceso refería, en general, al tipo de capitalismo que se estaba teniendo en México, en donde el diagnóstico de la distribución de los beneficios producidos resultaba de primera importancia. Y el segundo estaba en relación, en general, con el tipo de expresión que tenía ese capitalismo en los espacios de la política práctica (en los ámbitos de las “clases dominantes”, en los de sus mediaciones, así como en los de las llamadas clases populares, subalternas, dominadas y marginales). Estos objetos de estudio estaban ya en la mesa de discusión sociológica, formaban parte, de ahí en adelante, de sus preocupaciones y de sus apuestas, y sobre la relación entre los dos procesos comenzó la batalla en torno a su representación legítima. Un ámbito particular de la sociología mexicana que contribuyó a crear la obra La democracia en México.

A pocos meses de publicada La democracia en México, Víctor Flores Olea se pronunció en torno a la hipótesis principal de González Casanova, problematizando no el hecho de haber señalado posibilidades de su contribución mutua1, sino el hecho de que existían mayores obstáculos que posibilidades reales. ¿Era posible realmente la integración nacional, proceso indispensable para hablar en serio de democracia? ¿Era posible que los beneficios del desarrollo (hasta ese momento alcanzado) podían ser propiedades de cada vez más sectores? ¿Era realmente la llamada clase política uno de los sectores principales que podía incentivar estos procesos y, además, democratizar su funcionamiento y sus instancias para que éstos tuviesen mayores posibilidades de concreción? ¿Podía constituirse una presión organizada de las clases peligrosas, de alcances nacionales, para intervenir en las tomas de decisión sobre su integración en los beneficios producidos por el capitalismo o, todavía más, para transformarlo completamente? Estas y otras interrogantes las encontramos en la primera respuesta a la obra publicada en 1965.

Sin duda iniciaba la batalla en torno a la representación legítima del objeto democracia desde un punto de vista sociológico pero no sin reconocer las nuevas reglas del juego. La preposición contrastable, la concurrencia a partir de análisis empíricos, así como la posesión de capital sociológico formaban parte, de ahora en adelante, de las propiedades de toda investigación que pretendiera ser sociológica y que aspirara a hablar de la democracia en México; propiedades incluso que incrementaban las posibilidades de salir victorioso del round.

El primer crítico de La democracia en México reconoció desde el inicio las mínimas propiedades de concurrencia para hablar de los objetos que abordó esa primera sociología de la democracia en el país2. En su artículo, Flores Olea consideró esencialmente cuestiones que llamó teóricas y metodológicas, aunque brevemente a éstas últimas, oponiéndose a la comunicación entre un “análisis marxista” y un “análisis sociológico”, caracterizado éste por basarse en supuestos de la sociología estadounidense3. El autor prefirió concentrarse en las primeras, en detrimento de un análisis empírico o de una concurrencia con el mismo capital invertido en aquella otra obra.

Flores Olea se concentró en la hipótesis principal de la investigación. En cuanto a la posibilidad de integración nacional o, dicho en otras palabras, en cuanto a la posibilidad de integrar a los marginales, el sector que no tiene nada, así como a la posibilidad de que los beneficios del “desarrollo” formaran parte de cada vez más grupos sociales, Flores Olea planteó su imposibilidad real mientras México siga siendo un tipo de sociedad capitalista situada en la periferia del capitalismo mundial. En el fondo de la observación se encontraba el hecho de que los mecanismos fundamentales de dominación y de explotación que produce y reproduce el sistema capitalista, no fueron adecuadamente tratados por González Casanova: por ejemplo, la existencia de una serie de relaciones que se establecen entre los centros, los satélites y las colonias internas en detrimento de éstas últimas4, así como la existencia de una “ley del valor” que organiza en buena parte a todo este “sistema”, incluyendo al mecanismo anterior, de la cual emana la polaridad y la desigualdad, cada vez más creciente, entre los grupos sociales. Tales mecanismos se entenderían si uno se posiciona en un análisis de clases sociales y considera las diferencias estructurales entre lo que se nombra centros y periferias, que no son sino resultados de la existencia de las relaciones de fuerza entre las clases o fracciones de clase a niveles mundiales.

Si aquellos mecanismos hubiesen sido tomados con seriedad, González Casanova no habría concluido que la meta nacional era su integración. Ante estas observaciones, el mecanismo llamado “colonialismo interno” y las “diferencias culturales” aprehendidas a través de “categorías antropológicas” (la oposición general entre el grupo blanco y el indígena), resultaban parciales e insuficientes. Además, ya que las medidas hacia el “desarrollo” formulados por el sociólogo referían en buena parte a disposiciones de política económica concebidas en el marco de un funcionamiento de una sociedad capitalista (principalmente el incremento de los salarios reales y la redistribución de la carga fiscal; en una palabra, la llamada redistribución de la riqueza), adquirían el carácter de superficiales, pese a la orientación “reformista”.

Se sabe bien que esos ajustes para incentivar el “desarrollo” del país fueron concebidos a partir de la consideración de análisis de economistas cuyos trabajos fueron previos o cercanos a la aparición de la obra La democracia en México. Sin embargo, las medidas no se concretaban en buena parte porque, agregaba el sociólogo, no había una presión social conformada ni ella estaba organizada nacionalmente. Esta contraparte, como se ha dicho, consistía en uno de los puntos específicos que adquiría el proceso de democratización en el país. Si bien éste refería a varios frentes de acción o a varios sectores involucrados e interpelados por el análisis, se delimitaba fundamentalmente en el combate que había que dar en torno a una nueva o a una diferente organización política de las principales estructuras reales de poder.

Pero ya sea que se tratara, por ejemplo, de democratizar al partido, a los sindicatos, a las organizaciones campesinas o populares, o que hubiesen reformas políticas legales o un parlamentarismo, o que existiesen organizaciones representativas de los grupos marginales, entre ellos principalmente la de los indígenas, o que las organizaciones empresariales fuesen reguladas por mecanismos eficientes y claros, todos estos procesos seguirían operando en una sociedad capitalista, de tal forma que las innovaciones no serían otra cosa que sujeciones más racionales de acuerdo cada vez más a las expresiones políticas de una sociedad capitalista normal5. En una palabra, según Flores Olea, seguirían estando, de manera más racional, al servicio de los dictámenes del capital. Además, las experiencias de otros países no permitían asegurar que la sola existencia de la presión social, incluso organizada nacionalmente, arrancaría concesiones fundamentales en torno a medidas progresistas de “desarrollo” o, dicho más precisamente, en torno a una distribución más equitativa del plusvalor (incremento de los salarios, leyes fiscales adecuadas, inversiones sociales, etc.).

A mi parecer, hubo dos puntos decisivos en la argumentación de Flores Olea. Por una parte, dos principales mecanismos de dominación y de explotación (las relaciones estructurales entre los centros y las periferias así como la “ley del valor”), que estaban caracterizando en buena parte a la estructura del capitalismo mexicano, imposibilitaban, objetivamente, integrar nacionalmente a la sociedad mexicana. Al contrario, tales mecanismos, se apostaba, incrementaban la polarización y la desigualdad en todo el mundo social mexicano6. Nada indicaba, por otro lado, que el control vertical, la represión a las clases peligrosas y la “institucionalización” de la política, cobijada de un formalismo político7, iban a ser “aflojadas” por el “sistema”. Todo lo contrario, la dinámica del capitalismo en México se veía fortalecida por medio de todos esos mecanismos autoritarios y opositores a cualquier forma de “iniciativa progresista” o de organización popular independiente y de protesta (un ampliación al respecto la hago más adelante).

Ahora bien, otra observación con respecto al análisis del proceso de “desarrollo” consistió en destacar su discontinuidad en gran parte de los propios sectores favorecidos. Se sabe bien que el proceso del “desarrollo” podía ser diagnosticado a partir de numerosos indicadores8. Para los años de 1960 se consideraban, entre otros, el grado de industrialización alcanzado (o el tipo de industrias desarrolladas), el porcentaje del Producto Interno Bruto obtenido, las fuentes, los montos y el destino de las inversiones y, al interior del proceso de industrialización, el porcentaje de los ocupados formales, su ingreso mensual per capita, o la disminución del porcentaje de trabajadores en la agricultura y en la industria primaria. Por otra parte, el grado de urbanización y de alfabetización así como el aumento en los años de vida también eran considerados. Los indicadores podían llegar al infinito y mucha importancia adquirió dilucidar las variables más significativas. En el marco de este tipo de análisis que se venían dando por lo menos desde los años cuarenta, un trabajo de José Luis Reyna, que se publicó en el año de 1967, presentaba cómo este proceso de “desarrollo”, medido a partir de seis indicadores, se confirmaba estadísticamente en términos generales (había una correlación positiva entre la mayoría de las variables, esto es, el proceso de desarrollo, en conjunto, avanzaba). Pero al tiempo que argumentaba a favor de lo anterior, observaba su discontinuidad y sus contradicciones, tanto más si se consideraba la geografía del país, la lenta industrialización en general, los escasos efectos en la ocupación no manual, la distribución del ingreso o la apropiación del plusvalor entre los empresarios (nacionales y extranjeros, sobre todo éstos) y el “estado” mexicano9.

Sin embargo, la intención del autor no fue sólo diagnosticar el proceso de “desarrollo”. Su trabajo tuvo una hipótesis, considerándose todavía parcial, para el caso de las elecciones federales de 1958: “a mayor grado de desarrollo corresponde un tipo de participación electoral”10. Una pregunta que guió el análisis fue la siguiente: “¿Qué variables del desarrollo dan más cuenta de la participación electoral?”. Además de observar que no podía hablarse de un desarrollo homogéneo sino más bien de uno discontinuo (según las variables utilizadas), el contraste de hipótesis fue el siguiente: “Sistemáticamente todos aquellos indicadores que expresan desarrollo tienen una asociación negativa con la participación electoral, en tanto que el único indicador negativo de desarrollo utilizado se correlaciona positivamente con la variable electoral”11. Dicho en otras palabras, el “desarrollo” se movía inversamente proporcional a la participación electoral que, para la época, años cincuenta, era dirigirse, de manera general, hacia el Partido Revolucionario Institucional; también podía expresarse que a mayor grado de “desarrollo”, menor votación existía para el PRI. De tal manera que en los lugares rurales (en donde el “desarrollo” es mínimo), es “donde parece que el sistema político prevaleciente obtiene el ‘mayor apoyo’ y en donde posiblemente intervenga más directamente”12. Si se expresa lo anterior considerando a las entidades federativas (las cinco más prósperas y las cinco más atrasadas en cuanto a los indicadores, cf. cuadro 3 de su trabajo), se concluiría que es en los estados más pobres y desintegrados en donde existe una mayor probabilidad de manipulación y de dependencia del ejecutivo y del partido. Por lo tanto, mientras más bajo es el nivel de “desarrollo” de un estado, es menor la oposición que representa.

Así, a partir de este tipo de trabajos se precisaba, por ejemplo, que no sólo el llamado proceso de “desarrollo”, si se consideraba al estado-nación, era desigual, parcial o segmentado, cuyos beneficios producidos estaban negados a la gran mayoría de la población, sino que incluso en los sectores beneficiados había desequilibrios y rupturas (si bien se hace a un lado a las clases acomodadas: gobernantes, latifundistas, patronos, funcionarios, militares, obispos o doctores)13. De tal manera que apelar al “desarrollo”, era esperar la desigualdad incluso en los sectores más inmersos en él. Además, a mediano o largo plazo, las posibles contradicciones o los desfases entre las “estructuras económicas” y las “estructuras políticas” no sólo podían emerger y desenvolverse a partir de las modificaciones que podían emprender las clases o las fracciones de clase peor posicionadas con los modelos implementados, sino que el status quo político podía ponerse en riesgo a partir también del propio proceso de “desarrollo”. Dicho más precisamente, a partir de las disposiciones de ciertos sectores urbanos con respecto a legitimarlo, al menos por la vía del voto (de manera general, sectores de “clases medias”: profesionistas, técnicos, medianos empresarios, comerciantes, empleados, oficinistas, vendedores)14.

Pero los análisis que inmediatamente interpelaron explícita o implícitamente a La democracia en México compartieron el diagnóstico de que una de las propiedades más significativas del mundo social mexicano era su dualidad estructural. Estos análisis, sin embargo, precisaron el diagnóstico en dos sentidos. Por una parte, no había “elementos” para esperar que el tipo de capitalismo en México cambiara sustancialmente en torno a una equitativa distribución del plusvalor, incorporando a cada vez más sectores o mejorando las condiciones de los ya favorecidos. Estos pronunciamientos estaban confirmando más bien la creciente desigualdad y polarización producto del funcionamiento de ese capitalismo. Flores Olea incluso apostaba a un mecanismo rector de él, el cual no era sino la “ley del valor”. Reyna, por su parte, señaló que al interior de los sectores beneficiados había igualmente polaridad, incluso en los sectores más inmersos en el proceso. Además, ciertos sectores urbanos beneficiados se estaban constituyendo en una fuerza importante de oposición a dos significativos “factores de poder”: el presidencialismo y el partido único. Esto significaba que no sólo la lucha política de los sectores más desfavorecidos los podían poner en entredicho. Sin embargo, el mecanismo descubierto por González Casanova seguía siendo válido. El sociólogo no había profetizado sobre el rumbo exacto de los procesos sino más bien había apostado, en todo caso, a que la posible contribución mutua entre ellos residía en las relaciones de fuerza de los grupos que podían emprender transformaciones al respecto. Los análisis de Flores Olea o de Reyna no fueron otra cosa, podría decir, que confirmaciones sobre la permanencia de tales luchas o sobre la emergencia de otras y, también, sobre todo, precisiones sobre sus orientaciones reales en la época.

Por otra parte, al igual que los planteamientos anteriores pero ahora concretados en la estructura real de poder, los análisis posteriores de Flores Olea15 si bien no rechazaron el principio anterior, sobre las relaciones de fuerza entre los grupos involucrados, precisaron que el problema se ubicaba en los obstáculos reales para que no cambiase la organización imperante de aquella estructura. Al concentrarse en esos términos, la contribución mutua señalada por González Casanova, a mi parecer, cambiaba ahora de sentido: así como se constataba la desigualdad y la polarización en el proceso de “desarrollo”, la situación en el campo de poder se caracterizaba por las mismas tendencias y no sólo no se observaban modificaciones en sentido contrario sino que se apostaba a que esta configuración de poder reforzaba o contribuía a la desigualdad en el campo económico. Es decir, si buena parte de las posibilidades para que se dieran modificaciones serias al interior de la organización política de la estructura real de poder dependían de la movilización, la presión y la organización independiente, autónoma y nacional de la mayoría de las clases o fracciones de clase inmersas en esa estructura, su imperante organización funcionaba precisamente para impedirlo o, dicho más precisamente, para obstaculizarlo lo más posible.

Los pronunciamientos de Flores Olea, que observaron básicamente un periodo que empieza al término del cardenismo hasta entrado el decenio de 1970, hablaban de esta situación haciendo referencia a la construcción y al perfeccionamiento de “técnicas de poder” caracterizadas por una mezcla de formas tradicionales de control con formas más modernas de condicionamiento, como ciertos “mecanismos formales de participación” (en detrimento de mecanismos sustanciales y, por lo tanto, de legitimación sustancial de sus acciones16), las cuales incorporaron fundamentalmente a gran parte de los sectores obreros, campesinos o populares, cuyo efecto más importante fue sin duda el frustrar las posibilidades de iniciativas autónomas y de impulsos democráticos de sus espacios de acción.

Una aceptación que si bien fue paternalista y de sometimiento pasivo y si bien significó la imposibilidad práctica de expresarse en un proceso político que en verdad les sea suyo o les pertenezca17, dependió en realidad, o en buena parte, de los beneficios ofertados por el tipo de modelo de “desarrollo” (en varios lugares de las ciencias sociales en México se denominó también a estos efectos las bondades o las migajas ofrecidas por el “crecimiento económico”). Técnicas que se aplicaron asimismo en la “cima del poder”, tratando de dosificar y de combinar adecuadamente “los premios y los castigos, las expectativas y los beneficios, las exclusiones y las concesiones”18, con el fin de controlarlos y de manipularlos, sin que hubiese en su adhesión, como se ha dicho, una militancia consciente o una participación razonada, y sin que se hayan dejado de evidenciar los límites y las contradicciones de esas estrategias.

Estas técnicas de poder aludidas por Flores Olea sin duda estaban en relación directa con la imposibilidad de una implantación y de un desenvolvimiento de formas de “representación democrática clásicas”, junto con su ordenamiento jurídico-formal. Bastaba observar las formas de acceder al poder, de conservarlo o de controlarlo por medios más o menos disruptivos no sólo en México sino en toda América Latina, desde la independencia política formal de los países: golpes de estado, violencia y fraudes electorales, prórroga o extensión de poderes, ejercicio de mando por persona interpuesta, exclusión de organizaciones y o de dirigentes oposicionistas, el soborno (financiado del exterior), el terrorismo ideológico, el control monopartidista del poder, etc., etc.1920.

Finalmente, además de su apuesta de ver de otra manera la complementariedad entre el tipo de estructuras económicas y el tipo de estructuras políticas existentes, diferente a la argumentada por González Casanova, cabe destacar en toda esta argumentación de Flores Olea la crítica o las dudas en torno a la existencia de una “legitimidad sustancial” en los “mecanismos formales de participación”, a los cuales, por sí mismos, la “teoría política clásica” regularmente recurre para hablar o justificar la existencia de condiciones democráticas. Una concepción similar, vale señalarse, fue el rechazo de González Casanova al considerar la estructura política formal comentada en el primer apartado.

El análisis sociológico de la democracia en el país, definido por vez primera con La democracia en México de 1965, dejaba, a mi parecer, un principal referente de investigación y de discusión posterior, aunque sin duda podía hablarse de otros21: las posibilidades reales no sólo de conformarse a nivel nacional sino de fortalecerse, de diferentes modos, la lucha de las llamadas clases peligrosas en los diferentes frentes de su inmersión y, paralelamente, los efectos en aras de su mayor integración nacional y en pro de la transformación o modificación de la imperante organización política de las principales estructuras de poder. También podía hablarse, en cierta medida, de las posibilidades reales en la transformación de los mecanismos y de las instancias de la propia clase política, en beneficio, en parte, de los anteriores procesos. Sin embargo, dada la argumentación en este ensayo, puedo decir que ya entrado el decenio de 1970 el análisis sociológico expuesto en la obra La democracia en México seguía siendo válido o se constituía como el más acertado, aunque las observaciones posteriores precisaban las tendencias de los dos procesos en relación.

Los pronunciamientos tanto de Reyna como de Flores Olea coincidieron en el diagnóstico de la segmentación y de la polaridad, a nivel de grupos y de beneficios distribuidos, producto del desarrollo del capitalismo en México; una tendencia ya señalada por González Casanova. Los dos mecanismos de dominación y de explotación señalados por Flores Olea apostaban incluso a que era imposible realmente una proposición como la integración nacional o, paralelamente, una distribución más equitativa de los beneficios. Las luchas políticas, en el ámbito nacional, estaban lejos de lograrlo, tanto más cuando uno consideraba el funcionamiento de las estrategias de control y de manipulación por parte de las clases dominantes o de la clase política. Además, si esto era cierto para ya entrado el decenio de 1970, quería decir en gran medida que las diferentes luchas políticas para revertir estas tendencias, en diferentes espacios y ligadas a ciertos grupos sociales, permanecieron débiles, al menos por no haberse constituido a nivel nacional y por no haber obtenido logros a corto plazo en cuanto a una distribución más equitativa del plusvalor, a una mayor integración nacional y a transformaciones de organización política de las estructuras reales de poder. De tal suerte, para fines del decenio de 1960 y para principios del siguiente, los procesos de “desarrollo” y de democratización, según un punto de vista sociológico, parecían ponerse en duda con las precisiones posteriores a La democracia en México.

Referencias bibliográficas

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Notas

1 La apuesta por la contribución mutua entre el proceso de “desarrollo” y el de democratización fue compartida por él mismo en otro trabajo, véase por ejemplo “Política y desarrollo”, en varios autores, Los problemas nacionales, FCPS, UNAM, México, 1971, pp. 109-129, particularmente pp. 127-128. Serie Estudios, núm. 23.
2 Cf. Víctor Flores Olea, “Reflexiones nacionales (A propósito de La democracia en México, de Pablo González Casanova)”, en Revista de Ciencias Políticas y Sociales, México, ENCPS, UNAM, año XI, núm. 42, oct-dic, 1965, p. 521.
3 En el comienzo de esta lucha por el “monopolio de la representación legítima” del objeto democracia desde un punto de vista sociológico se llevaba implícita la lucha de las maneras de hacerlo o, más precisamente, éstas formaban parte de aquélla. Tal fue el caso con respecto a la oposición o acercamiento entre el análisis marxista y el análisis sociológico (hasta ese momento en pugna e inconcebible su comunicación) o, como lo nombró Flores Olea, las filosofías que suponían. Dos grandes aspectos mencionó Flores Olea: (1) entablar un diálogo entre estos análisis era mostrarse indiferente con respecto al contenido y a la lucha ideológica que suponían; y (2) un análisis marxista no podía ser concebido a partir del sólo hecho de citar textos de autores marxistas (como lo hizo González Casanova, según Flores Olea). El punto consistió en el reclamo por la inexistencia de un “análisis dialéctico” de la realidad, esto es, de una descripción y de un análisis de todas las contradicciones de los grupos sociales cuyos intereses materiales y simbólicos no coincidían. Este tipo de planteamientos se enunciarían tomando en cuenta que la unidad de análisis es una sociedad capitalista, además de armarse de una perspectiva histórica. Cf. ibidem, pp. 522-525. Sobre el tipo de sociología de la política hecha en Estados Unidos, hasta principios de los años sesenta, véase Feliks Gross, “La sociología política en Estados Unidos de América”, en Revista Mexicana de Sociología, México, IIS, UNAM, año XXIV, vol. XXIV, núm. 1, enero-abril, 1962, pp. 101-125.
4 Habrá que decir que la observación del autor es errónea puesto que el mecanismo llamado “efecto dominio” consideraba las relaciones de dominación que ejercían los Estados Unidos y sus empresas sobre el gobierno mexicano o, más precisamente, sobre la sociedad mexicana.
5 Cf. Flores Olea, “Reflexiones nacionales (A propósito de La democracia en México, de Pablo González Casanova)”, op. cit., p. 544. En el fondo de esta observación se encontraba la reivindicación que hizo el autor de la noción marxista de enajenación (cuyas fuentes en esa época remitían principalmente a los trabajos de H. Marcuse, C. W. Mills, A. Gorz y E. Fromm), oponiéndose con ello al sólo énfasis en el lado “positivo” de las expresiones políticas (liberales) de las sociedades capitalistas.
6 Cf. ibidem, p. 552. Además, “Algunas muestras de esta tendencia serían la inflación, el deterioro de los salarios reales de las clases de menores ingresos, el sistema tributario regresivo, las inversiones del sector público (cada vez más dependiente del financiamiento externo) que se concentran en los sectores y regiones avanzadas. Incluso refuerza el panorama el hecho de que actualmente el capital, en vez de buscar ‘reformas’ en el sentido de ampliar el mercado interno, comienza a dirigir la vista a los mercados externos, con el fin de exportar productos”, en ibidem, p. 553.
7 Cf. ampliamente “Política y desarrollo”, op. cit.
8 Véase, por ejemplo, Jorge Martínez Ríos, “Estratificación social, poder y desarrollo”, en Revista Mexicana de Sociología, México, IIS, UNAM, año XXV, vol. XXV, núm. 3, 1963, pp. 955-964.
9 Cf. José Luis Reyna, “Desarrollo económico, distribución del poder y participación política; el caso mexicano”, en Revista de Ciencias Políticas y Sociales, México, ENCPS, UNAM, año XIII, núm. 50, 1967, pp. 469-486 (el trabajo original es del año de 1965). Sobre esta desigualdad en los propios sectores favorecidos por el “desarrollo”, véase también Víctor Flores Olea, "Poder, legitimidad y política en México", en varios autores, El perfil de México en 1980, vol. 3, Siglo XXI, México, 1980, pp. 461-502 (primera edición en 1972), particularmente los apartados intitulados “Las raíces de la desigualdad” y “La concentración de la riqueza”, pp. 470-479.
10 Mayor grado de “desarrollo” quería decir movimientos de seis indicadores: ascendente en cinco (porcentaje de alfabetismo, de urbanización, de población masculina económicamente activa, y de Población Económicamente Activa no manual, así como el ingreso mensual per capita), y descendente en uno (porcentaje de la PEA en la agricultura). Por otra parte, participación electoral fue medida a partir del porcentaje de votos emitidos en relación al total de electores potenciales, sin poder determinar la orientación del voto.
11 José Luis Reyna, “Desarrollo económico, distribución del poder y participación política; el caso mexicano”, op. cit., p. 479.
12 Ibidem, p. 481.
13 Cf. Pablo González Casanova, “El aparato de dominación en América Latina (su funcionamiento y las formas posibles de su fin)”, en Revista Mexicana de Sociología, México, IIS, UNAM, año XXXIV, vol. XXXIV, núm. 3-4, 1972, pp. 381-409.
14 Esta tendencia, mas no generalidad, se desarrolla ampliamente en José Luis Reyna, “Movilización y participación políticas: discusión de algunas hipótesis para el caso mexicano”, en varios autores, El perfil de México en 1980, vol. 3, op. cit., pp. 503-535. Para el analista inglés L. Whitehead, esta “presión” de los “sectores medios”, si uno preguntaba por la “gobernabilidad” en el país, se veía reforzada por otros cuatro “procesos sociales subyacentes”, ya entrado el decenio de 1980: 1, la creciente demanda de trabajo por parte de los jóvenes; 2, la movilidad geográfica de los sectores campesinos, una tendencia nominada por el autor de “proletarización del campesinado”; 3, la probable “deslealtad” de los sectores obreros; y 4, los movimientos del capital extranjero (las fugas de capital). Cf. “Por qué México es ingobernable”, en Revista Mexicana de Sociología, México, IIS, UNAM, año XLII, vol. XLII, núm. 1, enero-marzo, 1980, pp. 203-234.
15 Cf. “Reflexiones nacionales (A propósito de La democracia en México, de Pablo González Casanova), op. cit; “Política y desarrollo”, op. cit; y “Poder, legitimidad y política en México”, op. cit.
16 Cf. “Política y desarrollo”, op. cit. Y los mecanismos formales, agregaba el autor, son fácilmente manipulables según intereses de grupos, por lo tanto cualquier estructura jurídico-formal no basta para garantizar la efectividad de la participación y, con ello, de la democracia.
17 Cf. ibidem, p. 124.
18 Ibidem, p. 118.
19 Esta situación, refiriéndola a toda Latinoamérica, fue nombrada como la constante “crisis política” de la región. Un tema que tuvo su apogeo hasta bien entrado el decenio de 1980, con temas como el “fascismo” o el “militarismo”. Véase al respecto Francisco Varona Duque Estrada, “Crisis de la ‘democracia representativa’ en América Latina”, en Revista Mexicana de Sociología, México, IIS, UNAM, año XXXI, vol. XXXI, núm. 4, oct-dic, 1969, pp. 893-908. Para el autor, esta imposibilidad formaba parte del subdesarrollo de los países. “Sólo se podrá superar al lograrse el desarrollo económico y social, o sea, al romperse la dependencia imperialista y realizarse una revolución estructural”, en ibidem, p. 905.
20 Sin duda, Flores Olea se refirió en muy buena parte al funcionamiento de los mecanismos corporativistas que el “sistema político” había implementado en aquellos sectores que consideró significativos para su conformación, sustento y consolidación, desde la conformación del Partido de la Revolución Mexicana. Pese a las revueltas de fines de los años cincuenta y la movilización de 1968, el régimen de Luis Echeverría (el periodo último que observa Flores Olea) llevó a cabo, entre otros, también uno de fortalecimiento de esos mecanismos, pese al llamado proceso de “apertura política”. Véase, por ejemplo, Julio Labastida, “Proceso político y dependencia en México (1970-1976)”, en Revista Mexicana de Sociología, México, IIS, UNAM, año. XXXIX, vol. XXXIX, núm. 1, enero-marzo, 1977, pp. 193-227, particularmente pp. 208-210. Arnaldo Córdova se refiere a este mismo proceso como el recurso de la técnica para el fortalecimiento del poder, véase “Las reformas sociales y la tecnocratización del estado mexicano”, en Revista Mexicana de Ciencia Política, México, FCPS, UNAM, año XVIII, núm. 70, 1972, pp. 61-92.
21 Aunque se confirma atendiendo un escrito de Pablo González Casanova, a fines del decenio de 1970, intitulado Sistema y clase en los estudios de América Latina, Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán, México, 1978, 28 p. Este texto, por ejemplo, concluye de la siguiente manera: “Si las ciencias sociales en América Latina han de contribuir al conocimiento de la sociedad, el Estado y la liberación parece urgente su cambio de perspectiva hacia el estudio de las masas, la clase, la hegemonía y las alianzas, dentro de una historia de la crisis cuya única salida humana será a la postre el socialismo que alcancen los pueblos y la clase obrera, tras una larga batalla por la democracia y la independencia nacional. Y para ellas las ciencias sociales habrán de reparar en la clase obrera y sus aliados como actores o sujetos principales de la historia por escribir y por hacer”, ibidem, pp. 25-26.