Fernando R. Beltrán Nieves

Las continuidades y las rupturas en la sociología de La democracia en México (IV)

Se pretende presentar a continuación, de manera breve, el posible tipo de rupturas o continuidades en los análisis sociológicos mexicanos en torno a un fenómeno como la democracia, en un periodo histórico preciso. Debe abordarse este trabajo siguiendo o atendiendo la argumentación expuesta en nuestros ensayos anteriores. Es necesario señalar que las restantes exposiciones que a continuación se presentan se fundamentaron principalmente en una revisión documental de dos lugares estratégicos de la difusión de las preocupaciones sociológicas: la Revista Mexicana de Sociología, del Instituto de Investigaciones Sociales, y la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Esta concentración en la documentación no significa que no se haya remitido a otros lugares, sobre todo libros. Esto quiere decir, también, que nuestro objetivo principal no es agotar toda la literatura existente al respecto, sino que a partir de la observación, la documentación y el análisis de los trabajos de interés difundidos por estas revistas, se pretende conjeturar sobre el rumbo de las preocupaciones que determinaron el análisis sociológico de la democracia en México, en un periodo histórico construido.

Es bien sabido que en los años sesenta y setenta del siglo anterior, el desenvolvimiento del pensamiento crítico, combativo y reflexivo en México, rejuveneciéndose con ello el uso del marxismo, fue impulsado en gran medida por una cierta política práctica de izquierda, completamente diferente a la que venía haciendo el Partido Comunista Mexicano o el Partido Popular. Las luchas políticas de finales de los años cincuenta, de ferrocarrileros sobre todo en el país (siendo un objetivo principal el combate del “discurso revolucionario” del grupo gobernante, caracterizado por su retórica en cuanto a la “unidad nacional” y en cuanto a sus “logros” en materia de “estabilidad política”) y, por otra parte, el triunfo de la revolución cubana en el año de 1959, fueron algunos de los principales impulsos que actuaron a favor de lo anterior1.

En estas disposiciones prácticas al develamiento, a la oposición y a la crítica fue en donde se han ubicado, en parte, las principales razones sociales de la emergencia de una obra como La democracia en México2 (véase nuestro primer ensayo). La movilización y la protesta principalmente estudiantil de 1968, antecedida por movilizaciones de médicos y universitarios en los años de 1964, 1965 y 1966, no significó otra cosa que una continuidad de esas luchas de fines de los años cincuenta en cuanto al reclamo, pero ahora más poderoso, sobre el desfase entre el “discurso oficial”, su retórica y su ideología, y el estado real que mantenía el mundo social y político mexicano. 1968 se adelantó, finalmente, a cualquier pronunciamiento que concluyera acerca de los límites reales de los “modelos”, si bien el desvelo fue caótico y además de que tuvieron que pasar algunos años para aclararlo lógicamente o a partir de las herramientas de las principales ciencias sociales del país3.

De tal suerte, las respuestas del grupo gobernante al desvelo político efectuado por la movilización de 1968 no se hicieron esperar, en tanto la sociología política mexicana de la época las identificaba claramente. Esas respuestas supusieron contradicciones y significaron principalmente luchas con otros “grupos dominantes”, principalmente empresarios (una fracción de los nacionales y los estadounidenses), así como con una fracción del propio régimen comprometida con una reconfiguración de la clase política hacia una posición declaradamente “pro-estadounidense”, “pro-empresarial” y en combate directo con el pasado “revolucionario”.

Sin embargo y teniendo en cuenta la literatura hasta el momento considerada (véase nuestro ensayo tercero), 1968 no pareció incentivar inmediatamente una transformación o una reconfiguración en el tipo de preocupaciones que caracterizaron el estudio sociológico de las relaciones entre la política y la economía. Esa literatura considerada, es cierto, estuvo ubicada en el tiempo corto a su explosión y se ha hecho ya referencia a las precisiones que llevó a cabo. Para un autor como Villa, 1968 significó para la sociología del país, en todo caso, el reforzamiento del interés hacia el análisis del “desarrollo económico” así como el “modelo político”, sus relaciones, implicaciones o contradicciones. De tal suerte, no observo que esta revuelta o movilización haya empujado a una reconfiguración de las principales preocupaciones en torno al objeto que nos interesa, al menos no en el corto plazo, como lo esperaba según la argumentación que se expuso al final de nuestro ensayo dos.

Por ejemplo, si se toman en cuenta los trabajos de Flores Olea, es constatable que seguían siendo estos temas los principales, además de que sus particulares diagnósticos del proceso de “desarrollo”, de la distribución de sus beneficios, así como de las relaciones que mantenía con la estructura real de poder, precisaban sus efectos de desigualdad, de polaridad y de exclusión de la mayor parte de la población en México. Sin embargo, y en esto sí tenía razón según la argumentación del ensayo dos, no tardó mucho tiempo para que los análisis posteriores depararan en esta revuelta para ubicar el punto claro de anquilosamiento del régimen o para evidenciar, con más claridad, los límites reales de los modelos implementados, al menos claramente en torno al político, o para concentrar la mirada en las posteriores batallas políticas en torno a la reconfiguración del campo de poder en México.

Ahora bien, a partir de una revisión documental de las revistas de nuestro interés me parece que puede identificarse en los análisis y en las preocupaciones de un autor como Julio Labastida M. del Campo, sociólogo mexicano, una expresión ilustrativa de lo anteriormente dicho. Con ello, también, se observa que durante los años setenta y parte breve de los ochenta, es decir el periodo que abarca los dos regímenes presidenciales que dieron vida a parte de esos dos decenios, las luchas en torno a dos ámbitos del campo nacional de poder caracterizaron las principales preocupaciones de la llamada sociología política, dicho más precisamente, lo referente a la política económica y a la de gobierno4. Dicho en otras palabras, no puedo ubicar una ruptura, ni muchos menos radical, con las principales preocupaciones apostadas y heredadas por La democracia en México en términos de lo que fue concebido en el ámbito de la estructura real de poder, si bien Julio Labastida no utilizó los conceptos de “estructura real de poder” o de “factores reales de poder”. Encuentro más bien una continuidad del análisis principalmente en torno a su dinámica, claramente en relación al presidencialismo y la clase política que lo respaldaba, y al factor de poder que representa el empresariado, nacional y extranjero, esto es, estadounidense.

Me es difícil precisar con sumo rigor el tipo de orientaciones o el tipo de objetos que trataron todos los posteriores pronunciamientos sociológicos documentados. Sin embargo, a partir del año de 1982, una preocupación como la del “desarrollo nacional” o la de la “integración nacional”, que habían caracterizado muy buena parte del análisis sociológico de la democracia en México, la enfrentaban diversas condiciones sociales para que se debilitase muy de prisa o, dicho más precisamente, diversas condiciones sociales, a favor de “grupos privados reposicionados”, coaccionaban fuertemente para ello. Dos conjeturas, por tanto, deben ser argumentadas enseguida: la continuidad del análisis con respecto a la estructura real de poder y la pérdida de fuerza de las preocupaciones comentadas junto con sus efectos democráticos.

En relación a la primera afirmación interesa hacer una breve síntesis y exposición de cómo fueron interpretados o analizados por la sociología política según el punto de vista del autor considerado, más que profundizar en los propios detalles de las dinámicas de los ámbitos político y económico en el periodo histórico cronológico; tampoco profundizaré en esto último para la segunda afirmación.

Fueron dos batallas particulares, al interior de la estructura real de poder, las que observó el sociólogo mexicano; las dos íntimamente ligadas. Las referentes a la clase política o, dicho más precisamente, por un lado, la que tuvo lugar a su interior y, por otro, las que sostuvo una fracción de esa clase con una fracción de los empresarios, los más poderosos en el país. Estas luchas definieron en gran medida el rumbo posterior de la dinámica económica del país, sobre todo, pero también la de la política. La primera claramente a partir del año de 1982 y la segunda definiéndose durante el transcurso de los años ochenta y que llega hasta nuestros días. No es necesario señalar que la contracción del capitalismo durante el decenio de 1970, del cual hablé brevemente en el ensayo dos, contribuyó considerablemente también para ello.

Esta observación significa que si bien la dinámica política o económica seguía su propia lógica, según el estado de las relaciones de fuerza entre las clases o fracciones de clase nacionales e internacionales, sus mecanismos y sus estrategias, la sociología política seguía observando sus movimientos, contradicciones o continuidades bajo una perspectiva que identificó a los grupos, según la posición en el espacio social, como hacedores en gran parte de su rumbo5 o, también, como componentes de una estructura real de poder.

El periodo presidencial de Luis Echeverría se inició con “intenciones reformistas”, sobre todo al “sistema político”, en respuesta inmediata y obligada a la movilización de 1968. Las intenciones se dirigían claramente a la política de gobierno, pero también a la política económica. Intenciones que, contrariamente a lo que esperaba la “opinión pública” de la época, se distanciaron del posible reforzamiento del autoritarismo como el ejercido al término del mandato de su antecesor.

Si bien la económica fue pensada en términos fiscales, cuyos debates al respecto se remontan desde inicios de los años cincuenta6, al final de cuentas se prefirió no sólo continuar sino incrementar el endeudamiento externo en beneficio de no gravar al “sector privado”, manteniéndose así, pese a la batalla coyuntural o pese al reajuste de fuerzas que significó el enfrentamiento entre los dos poderes (gobierno versus empresariado), el acuerdo histórico entre el régimen y la burguesía. Esto quiere decir que la lucha que se entabló entre una fracción del gobierno y una fracción de la burguesía se dirimió en términos del aumento o del descenso de poder de ésta en los asuntos de gobierno, más no en términos de obstaculizar la viabilidad del capitalismo en el país, como se escuchaba decir en la época. La creación del Consejo Coordinador Empresarial, en 1975, fue el hecho más significativo en cuanto al aumento de poder7.

La política de gobierno fue pensada, al interior del país, en términos de libertad de presos políticos (claramente de los líderes del movimiento principalmente estudiantil), una mayor autonomía de las universidades y un mayor presupuesto a la educación superior, además, pensada hacia la realización de una reforma electoral, hacia una legalización de asociaciones políticas opositoras al régimen y hacia ciertas concesiones en materia de “libertad de prensa”. Al exterior del país, pensada hacia una comunicación e intercambio políticos, además de más continuos, con naciones del Tercer Mundo, principalmente latinoamericanos8.

Las “intenciones reformistas” formaron parte de una lucha que se entabló al interior de la clase política mexicana cuyo objetivo fue modificar la posición dominante al interior del grupo gobernante, la que ocupaba una burguesía burocrática o de origen estatal, que había acumulado capital desde el gobierno pero con carácter privado, por cuadros políticos y tecnocráticos más exclusivamente ligados al aparato estatal o, dicho en otras palabras, más identificados con el fortalecimiento del “estado”. Dicho más precisamente, una lucha en pro de una mayor autonomía respecto de la burguesía nacional y extranjera, y de la fracción del gobierno aliada con ésta9. Nótese que esta lucha al interior del grupo gobernante, en aras de que la fracción interesada en recuperar terreno en el ámbito económico o en impedir un aumento de poder de la burguesía, no significaba directamente una concertación política hacia los grupos peor posicionados en el espacio social o hacia los sectores progresistas. Tampoco significaba un “proyecto anticapitalista” sino, en todo caso, uno “estatizante”, “…en el sentido de que …el estado debe ser el regulador del proceso de desarrollo y el árbitro indiscutido de los conflictos sociales”10 [Ahora bien, así como se ha entendido comúnmente lo que significó el viraje que se dio a principios de los años ochenta en materia fundamentalmente económica en el país (del que hablaré más adelante), se deduce en consecuencia hacia dónde se dirimió esta batalla en torno al “proyecto estatizante” y de la posición del grupo que lo impulsó].

Resulta interesante observar que pese a las exigencias y a las presiones de los grupos interesados en las reformas, por mínimas o limitadas que fuesen, las intenciones reformistas en materia de política interna no significaron beneficios sustanciales a la política realmente de oposición sino en todo caso, se tradujeron en cooptación de grupos de intelectuales, reducción de críticas al régimen y, finalmente, en una legalización de la mayoría de las organizaciones políticas interesadas en ello. Desde este punto de vista, la lucha armada rural y urbana, sin embargo, tuvo su mayor auge en este periodo, además de que emergió lo que se nombró el “sindicalismo universitario”.

Labastida sostiene que tales intenciones de una fracción del régimen, encabezadas por el presidente, encontraron resistencias y oposición tanto en la “cima” del poder y en las mediaciones, así como en las mismas bases del “sistema”: el cacicazgo y la corrupción. Intenciones sólo en apariencia significativas puesto que no hubo un acuerdo, negociación o acercamiento profundos con las pocas organizaciones independientes existentes o con la clase obrera, controlada al extremo por la burocracia sindical. Y no sólo en el propio “sistema” según sus niveles de funcionamiento sino en la propia dinámica económica que hacía imposible una “integración rápida de sectores amplios de la población, a nivel de la producción y del consumo”11.

El peso de las resistencias al interior del propio “sistema” y la ineficacia real de las intenciones reformistas, puesto que no buscaron apoyarse en la “movilización popular” e independiente o en los “sectores estratégicos” (como el campesinado o los trabajadores o en ciertos sectores de la llamada clase media), mostraron ciertas circunstancias hasta hace poco tiempo insospechadas en el sentido común de aquel entonces o, si lo estaban, no eran del todo evidentes: por una parte, el grupo gobernante o la clase política ya no estaba cohesionada en torno al presidente (el presidencialismo sufría su segundo revés importante durante toda su historia contemporánea de funcionamiento, puesto que 1968 había sido el primero), éste mostraba ya debilidad de dominación y su “relativa autonomía”, a decir del marxista griego Nicos Poulantzas, comenzó claramente a desaparecer frente al factor de poder representado por el empresariado12.

Por otra, lo que al inicio del periodo presidencial pareció un “ajuste” al “sistema”, la política implementada desde arriba resultó incoherente e ineficaz frente a las organizaciones que en cierta medida pudieron beneficiarse con las reformas: organizaciones populares, de oposición o independientes; a las sindicales ni siquiera se les acercaron. Lo que propició no sólo la indeseada “inestabilidad política” sino que se evidenció, además, una fractura con el “respaldo” popular que lo había venido sosteniendo desde el surgimiento del partido de estado13, puesto que sobre ellos permanecieron los mecanismos de dominación de antaño: el corporativismo, el clientelismo y la corrupción14.

Esa indeseada “inestabilidad política” y los “peligros” de cambio que traía consigo trataron de calmarse, ya entrado el año de 1977 e iniciado el siguiente periodo presidencial, con otra “reforma política”, circunscrita en estrictos términos electorales e institucionales15. Se trataba de que el descrédito y la pérdida de legitimidad que ostentaba ya el régimen político circulara a través de vías por él mismo incentivadas: fundamentalmente, partidos políticos de oposición legalizados y la apertura a luchas mínimas de oposición en las cámaras16. Sin embargo, ninguna de las innovaciones, por sí mismas, pondrían al “sistema” en problemas, ya no digamos en serios problemas. Ni siquiera la “bonanza petrolera”, a pocos años de la reforma, junto con ciertos efectos directos en un mayor incremento del gasto social, aunque no comparable al aumento destinado al económico17, aminoraron sus límites. Esta insuficiencia en la medida política se reforzó, además, con la decisión que tomó López Portillo en torno a la nacionalización de la banca18, lo que le valió el amplio descrédito en que terminó su sexenio y que mostró, una vez más, lo lejos que estaba el régimen de buscar apoyo, acuerdo o negociación reales con la “movilización popular” o con los “sectores estratégicos”.

Las dos batallas brevemente comentadas que caracterizaron el decenio de 1970 mexicano en términos de reajuste de fuerzas entre dos poderes fundamentales del campo de poder del país, siguiendo principalmente las observaciones que sobre ellas expuso el sociólogo Labastida, llegan a un punto en donde es posible argumentar a favor de una reconfiguración significativa a su interior: la referente a la disminución del poderío estatal en dos ámbitos fundamentales: el económico, sobre todo y claramente, y el político, cuya reconfiguración viene dándose hasta nuestros días; disminución de poder particularmente del presidente y la de una fracción del partido de estado que lo respaldaba.

Llegado el año de 1982, dos procesos comenzaban a hacerse evidentes. El rumbo por el cual empezaba a circular la economía nacional se venía caracterizando cada vez más y cada vez más claramente, por el control que sobre ella mantenían la fracción del empresariado nacional en alianza con los grupos extranjeros, en detrimento de la regulación estatal, así como la inminente “presión” que le ejercía la economía y el gobierno estadounidenses y los organismos internacionales que la “regulaban”. Y el rumbo propio también de la política caracterizándose por la emergencia del peso que adquirían diversas posiciones de oposición, sobre todo de carácter legal, y por la creciente debilidad del presidencialismo y de la fracción en el gobierno que lo respaldaba y que buscaba un reforzamiento del papel interventor del estado. Dos procesos, finalmente, a los que no se le veía una posibilidad de regresión en el corto y mediano plazo.

Con la transformación que comenzó a definirse ya entrado el decenio de 1980 en el ámbito económico mexicano, producto en gran medida de las luchas políticas anteriormente comentadas y que tuvieron lugar en el campo de poder, es posible sostener la tesis de que la “nueva lógica” a la que se sujetaba la economía nacional coaccionaba fuertemente para que unas preocupaciones prácticas como las medidas en torno al aumento de los salarios o prestaciones, al aumento de la llamada “inversión social”, a la defensa de la propiedad pública y social, y a una carga fiscal progresista al capital en el país, entre las más importantes, perdieran fuerza muy de prisa19. Con ello, sobre todo, perdieron fuerza igualmente las preocupaciones en torno a ciertos efectos democratizadores que traían consigo: mejorías de los sectores o de los grupos ya beneficiados, esto es, mayor participación en la producción así como en el consumo de los bienes políticos, culturales y económicos, y la inclusión de diversos grupos excluidos de los beneficios hasta el momento producidos, principalmente los indígenas y, también, los desocupados; inclusión que podía darse a partir de ciertas medidas que podían arrancársele al grupo gobernante y a los grandes propietarios.

Expongo a continuación algunas breves razones en torno a la tesis anterior. Una referente a lo que significó el viraje que dio la economía nacional a partir de 1982 y que el llamado Consenso de Washington ilustra claramente. Otra en relación a la escasa consideración que le otorgó Julio Labastida a la lucha popular o de izquierda para entender los cambios ocurridos, ya entrados los años ochenta. Y finalmente, una en torno a ciertos trabajos del sociólogo mexicano Pablo González Casanova, entre los años 1979 y 1981, en donde se expuso un análisis de dos proyectos de democratización y que la nueva realidad económica coaccionaba fuertemente para que uno de ellos se debilitara o perdiera fuerza, tanto en la reflexión como, y sobre todo, en la práctica política.

Tómese en cuenta, antes de esa exposición, que la coacción no se dio sólo a partir de la “nueva lógica económica” y de los grupos que la impulsaron o la impusieron sino a partir también de la colusión de todos aquellos interesados en imponer las concepciones dominantes en torno a las bondades o a los beneficios que ofrecía la apertura económica, la desregulación estatal, las privatizaciones y, en general, la “nueva” política económica: “analistas”, portavoces, “comentadores”, intelectuales, periodistas o políticos beneficiados por las transformaciones implementadas.

La creciente apertura de la economía mexicana a los mercados internacionales que comenzó a principios de los años ochenta, sujeta a sus dictámenes y a sus vaivenes; la constante desregulación estatal en la mayor parte del ámbito económico nacional a favor de la regulación privada, así como a la regulación que dictan organismos internacionales y el gobierno estadounidense, en beneficio de sus empresas (monopólicas, trasnacionales y de “empresa red”20), significó una verdadera “reestructuración” de los mercados nacionales de capitales, de trabajo, de bienes y de materias primas. Una “reestructuración” a la que la mayor parte del discurso militante o político de izquierda, incluso del pronunciamiento de las ciencias sociales, la han venido nombrado regularmente como “neoliberalismo”, sin duda con poco rigor.

Una reestructuración cuyo primer decálogo de política económica se plasmó, a principios de los años noventa, en lo que se nombró el “Consenso de Washington” y, para el caso mexicano, antecedido por dos planes de renegociación de la deuda21. Este Consenso significó, para los fines que interesan aquí, la imposibilidad real de llevar a cabo, ni siquiera esbozar, alguna política en torno a un aumento, mucho menos significativo, del gasto social, de los salarios o en torno a una carga fiscal progresiva al capital, entre otras. Dicho en otras palabras, si asumimos que este Consenso determinaba (y aún lo sigue haciendo) la mayor parte de la política económica de los gobiernos sujetos a su dominación, quiere decir que una apuesta de gobierno en torno a las preocupaciones señaladas, las cuales habían significado en su momento las alusiones para “enfrentar” el problema de una mayor integración de sectores o de grupos, fueron negadas de tajo y claramente. Las alusiones no significaron o no significan, dicho sea de paso, que se hayan tomado o se hayan implementado medidas concretas y reales, situación ésta que se evidenció claramente durante los años que corren de fines de la segunda posguerra hasta los primeros años de 1980.

Los objetivos declarados del Consenso de Washington, como la primera serie de reformas en aras de construir, en resumen, economías abiertas o regionales (en el transcurso del decenio de los noventa surgirían un segundo plan de reformas), se dirigieron a “ ‘lograr la estabilidad económica y desmontar los elementos fundamentales del modelo proteccionista de desarrollo’ ”22. Estaban no sólo fuera de sus propósitos sino incluso negados el crecimiento de la economía como un todo, la vieja preocupación por el “desarrollo nacional”, reducir la deuda, ampliar el mercado interno, y mucho más, las preocupaciones que hemos señalado, relacionándose más o menos con estas otras preocupaciones. De tal suerte, en los ámbitos en donde se situaba y se decidía la política económica estaban totalmente excluidas aquellas preocupaciones, sin lugar a dudas en detrimento de aquellos sectores o grupos que podían verse favorecidos, la gran mayoría de la población.

Mi revisión de los artículos de Julio Labastida, en los que observamos un análisis ilustrativo de aquellos objetos pertenecientes a la estructura real de poder y en los que se venía situando en gran parte la preocupación sociológica de la democracia, se puede observar claramente que las “luchas populares” (de izquierda, de organizaciones independientes o de protesta), en diferentes espacios sociales de su acción y de su inmersión, o de grupos progresistas al interior de los llamados “sectores estratégicos”, no fueron consideradas significativas para entender cómo se determinó el rumbo y la orientación de dos ámbitos fundamentales del campo nacional de poder: la política de gobierno y la económica. Como se ha expuesto, la orientación y el rumbo de estos ámbitos se dirimió, en gran medida, entre dos factores reales de poder. Esto parece suponer, reflejado en este análisis sociológico, que las posibilidades de arrancar concesiones a las clases dominantes en torno a una mayor y a una más equitativa distribución del plusvalor producido, disminuyeron enormemente y, posiblemente también, la fe puesta en las expectativas de la lucha organizada, incluso a niveles nacionales, o de los grupos progresistas, combativos y de todos aquellos excluidos por los modelos imperantes hasta principios de los años ochenta. Luchas éstas en las que estaban depositadas en gran medida aquellas posibilidades.

Si aceptamos la inminente coacción que expresaba la “nueva lógica económica”, puede conjeturarse que gran parte de la pérdida de fuerza de preocupaciones prácticas sobre las posibilidades de una mayor y una más equitativa distribución del plusvalor producido se debió en gran medida a la pérdida o a la ausencia de fuerza de las luchas políticas que entablarían o impulsarían los grupos peor favorecidos por la dinámica de los modelos impuestos, así como por los grupos progresistas de diversos ámbitos. Al menos así se mantenía la concepción en referencia a las expectativas derivadas de la “lucha popular” o progresista, desde por lo menos los años sesenta. Luchas que se esperaban llevar a cabo mediante su organización a niveles nacionales. Una tesis sostenida también, vale recordar, con la aparición de La democracia en México y que las luchas reales, sin embargo, no pudieron desarrollar o si lo intentaron, lo hicieron débilmente o al menos no obteniendo los logros esperados. La realidad imperante del ya bien entrado decenio de 1980 lo demostraba claramente y demostraba asimismo la fuerza de los grupos beneficiados por las transformaciones.

Esta debilidad de las luchas políticas reales encabezadas por los grupos en los que residían en gran medida aquellas posibilidades se vio reflejada también en las preocupaciones en las que se entablarían, cada vez más, ciertos trabajos de sociología política en torno a unos ámbitos que comenzaban a adquirir gran fuerza: por una parte, las elecciones y las luchas opositoras en los poderes legislativo o ejecutivo, esto es, las luchas en torno al ámbito legal, institucional o constitucional; si bien este ámbito ya existía como objeto de intelección sociológica. Por otra parte, las preocupaciones en torno a conflictos sociales, movimientos sociales o luchas políticas concretas en contextos particulares: el barrio, el municipio, la comunidad, etcétera23.

Entre los años de 1979 y 1981, algunos trabajos del sociólogo mexicano Pablo González Casanova seguían haciendo un análisis sociológico de la estructura real de poder en México, además de posicionarse, nuevamente, ante un fenómeno como lo era el proceso de democratización en el país24.

Las intenciones de reformar al “sistema político” a lo largo del decenio de 1970, que abarcaron las principales preocupaciones de política interna de dos periodos presidenciales, abrieron posibilidades limitadas para pensar y actuar en torno a la lucha electoral y a la lucha partidaria en los poderes legislativo y ejecutivo, con posibilidades reales para lo ámbitos municipal o estatal; aún seguían estando negadas las posibilidades para aspirar realmente a lucha por la presidencia de la república. Estas mínimas modificaciones dieron origen a la concepción de que se estaban creando ya ciertas condiciones para pensar en un “proceso democratizador” al interior del “sistema político”. Como es bien sabido, el slogan que se utilizó y que las aglutinó fue el de la “apertura política” o “apertura democrática”.

Este avance fue visto por muchos como significativo y una gran parte de las organizaciones políticas que aspiraban a legalizarse se registraron finalmente para contender en la lucha electoral y de oposición, aceptando con ello, implícitamente, los términos políticos a los que estaban sujetos. Si bien las reformas implementadas tuvieron ciertos efectos y el hecho de la legalización posiblemente fue el más importante, cualquier diagnóstico del periodo demuestra que no hubo una transformación real puesto que el partido de estado seguía siendo el dominante en cualquier lucha electoral, si bien ya había disminuido su fuerza, además de que la “apertura” a la oposición fue mínima25. Sobre el interés que desataron las reformas en referencia a la lucha en el ámbito legal, institucional o constitucional parten en gran medida el contenido de los análisis hechos por el sociólogo mexicano, que interesan comentar aquí.

No había la menor duda de que se estaba dando un avance en torno a la disputa por el partido que lograra encabezar el régimen político; incluso el sociólogo situaba estas disputas en las luchas políticas de primera importancia. Sin embargo, de este reconocimiento a sostener que se trataba de la lucha más importante “por la democracia” o que era la única, como lo sostenía y lo ofertaba una fracción del grupo gobernante, sus portavoces e ideólogos, estaba sumamente lejos del pronunciamiento sociológico. Ante una apuesta como la anterior, había que combatírsele con la tesis de que una lucha por la democracia se situaba en diferentes espacios, con variados objetivos políticos y económicos, y esta lucha no podía situarse sólo en el ámbito electoral o legal, concepción que querían imponer los grupos beneficiados con esa oferta.

El sociólogo vio en esa apuesta de una fracción del grupo gobernante una oferta de un “proyecto democratizador”, pero sólo uno de un cierto tipo y en su claro beneficio puesto que no lo afectaba realmente o profundamente. Este tipo de proyectos cuyo énfasis se hacía sobre todo en la lucha electoral, se veían complementados o reforzados con reivindicaciones o con alusiones a las “formas legales de participación”, a los “regímenes constitucionales”, a los “derechos humanos”, a los “sistemas de partidos” o a los “sistemas efectivos de sufragio popular”. Un “proyecto democratizador” concebido, en resumen y en el mejor de los casos, en términos de la “lucha en defensa del ciudadano”. De tal suerte, una primera conclusión al respecto es que el llamado a la “lucha por la democracia”, de la que se empezó a hablar en el México de los años setenta en diferentes espacios, aunado a su contenido, sus alcances y sus límites, se determinaban a partir de la posición social del grupo o de los grupos que la revindicaban. Sin embargo, se debe de saber que este tipo de proyectos conservadores o de derecha, por más limitados que fuesen, no excluía que se recurriera a la política de represión y de “terror ideológico”, si bien podía ocultarse o disimularse. El caso mexicano, precisamente en los años setenta, fue ilustrativo al respecto, y lo señalaba claramente el sociólogo mexicano26.

Si a este proyecto se le descubría el contenido conservador en función de la posición social del grupo que lo reivindicaba, incentivaba o imponía, lo mismo podía postularse, por tanto, de la relatividad de la noción de “proyecto democratizador” o de “democracia” en función de otras posiciones sociales. Así, por ejemplo, se podía concebir y hablar de proyectos provenientes de grupos posicionados en la izquierda o que eran progresistas; proyectos éstos de más importancia para el análisis del sociólogo.

Sin embargo, aquellas organizaciones que aceptaron la reforma política y que se interesaron en la lucha legalizada y electoral, es decir que aceptaron el “proyecto democratizador” de las “clases dominantes”, se vieron coaccionadas o, en el mejor de los casos, imposibilitadas para no reivindicar, incluso para rechazar, acciones “no legales”, como el recurso a la vía armada. Vale señalarse que este dilema, el combinar “formas legales” con las que no lo son, no le ha hecho las más mínima mella a la práctica política de los grupos conservadores, de derecha o “dominantes”. Entonces, la decisión política de esas organizaciones que se orillaron hacia el ámbito legal, la gran mayoría, y las que optaron por la guerrilla, sobre todo urbana y que tuvo su apogeo en esos años setentas, mostró las dificultades y, finalmente, la imposibilidad de construir una doble política de izquierda para hacer frente a las “clases dominantes” del país.

A decir del sociólogo, los proyectos de democratización impulsados por una serie de posiciones de izquierda en el espacio social y político, o de grupos progresistas, los cuales expresaban la lucha política de ciertos sectores en el país, se orientaban en dos sentidos, fundamentalmente. Proyectos de democratización de mayor importancia en referencia al ofertado por las posiciones conservadoras en función de los beneficios que podían ofrecerse a amplios sectores de la población. Por una parte, la lucha que gira en torno a los lugares de trabajo y que plantean la lucha por la “democracia sindical”.

Lucha política concretada en los siguientes puntos: aumentos de salarios y prestaciones; de negociación sindical, de reforma fiscal, de actualizaciones tecnológicas en los lugares de trabajo; de lucha por la propiedad social y pública; y la que plantea incluso la revolución social con expropiación de los medios de producción y que plantea gobiernos de trabajadores. Unos términos de lucha, resumida por el sociólogo, en torno al trabajo y a la propiedad. Por otra parte, la lucha por la defensa del territorio o la independencia nacional. Unos términos de lucha, resumida por el sociólogo, en torno a la nación.

Así brevemente expuesto, a diferencia de los proyectos de democratización conservadores, los cuales no tenían y no tienen ninguna consideración en el plano del trabajo, de la propiedad o de la nación, haciendo sólo referencia al plano de la legalización de la lucha electoral, estos dos últimos proyectos pudieron haberse llevado a cabo si, como lo pensaba el sociólogo, se planteaba por parte de las fuerzas populares, progresistas o interesadas en el desarrollo y concreción de tales objetivos políticos y económicos, un plan que abarcara todas las etapas de lucha y que partiera de un esfuerzo de unión o de alianza de todas las corrientes divididas, tan características a las posiciones de izquierda. Una lucha que partiera de la política de las alianzas o frentes a una política declaradamente de clase, en busca finalmente de otro tipo de sociedad basada en los principales objetivos políticos y económicos de los proyectos impulsados.

Para cualquier analista convencido de la mayor significación política y sociológica de estos dos proyectos de democratización, se los debía abordar a partir de una “perspectiva dialéctica” que considerase las dos estrategias posibles, la del frente o la de la clase, concretados los análisis según las historias políticas del país particular.

Un análisis sociológico que considerase al proyecto conservador de democratización y a los proyectos impulsados o enarbolados por grupos progresistas o de izquierda, argumentaría a favor de éstos últimos en función sólo de los alcances y, sobre todo, de los beneficios ofertados a amplios sectores de la población. No había duda sobre las diferencias consustanciales que les recorría: métodos, objetivos y tiempos. Algunos objetivos habían sido producto de amplias reflexiones, experiencias y anhelos reales de transformar radicalmente la sociedad mexicana; incluso podían verse realmente como necesarios e indispensables al momento de hablar en serio de la democratización en el país. Sin embargo, la realidad sobre todo económica a la que se vio sujeta México a partir del año de 1982, reposicionaba la fuerza de este tipo de preocupaciones prácticas y, finalmente, esbozaba lo que se vislumbraba para ellas en el corto y mediano plazo: remar todavía más, posiblemente mucho más, a contracorriente. Una realidad, como lo he expresado más arriba, que reducía las posibilidades reales de unas medidas prácticas arrancadas a los “grupos dominantes y del privilegio” en respuesta a los principales objetivos de esas luchas políticas y democráticas en México.

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Notas

1 Véase Manuel Villa, Ideología oficial y sociología crítica en México: 1950-1970, CELA, FCPS, México,1979, 50 p. Serie Cuadernos del CELA, núm. 16. Este rejuvenecimiento, para el caso mexicano, fue impulsado por una emergente élite intelectual progresista. Sobre ella, Luis Medina Peña escribe lo siguiente: “Constituida en su origen por politólogos y escritores, la nueva izquierda se dejó ver por primera vez a finales de los años cincuenta. Portadora de un marxismo intelectualizado de fuerte sabor francés, este grupo hizo una doble aportación a la cultura política mexicana: importó a México el arquetipo del intelectual cosmopolita y comprometido con las causas de izquierda, y renovó el arsenal retórico de este ramo del abanico político, superando el estrecho dogmatismo en que había caído el Partido Comunista Mexicano. Su cabezas primeras fueron Carlos Fuentes, Víctor Flores Olea, Enrique González Pedrero y Francisco López Cámara, escritor el primero, académicos y fundadores de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas los tres restantes. La nueva izquierda fue procubana, prodemocrática, antipriísta, antiimperialista, cosmopolita, universitaria y emprendedora. Sus miembros principales, que se dieron a conocer escribiendo para la Revista de la Universidad, fundaron El Espectador en mayo de 1959, para luchar con la pluma en ristre a favor del respeto a la Constitución y el voto, la implantación de la democracia sindical y el establecimiento de verdaderos partidos políticos. En las páginas de esa revista se les unieron pronto el filósofo Luis Villoro y el escritor Jaime García Terrés. Poco tiempo después, en mayo de 1960, el grupo debutó en forma prominente en las páginas de la revista Política, fundada por Manuel Marcué Pardiñas con el fin de promover el diálogo de la izquierda y su eventual unificación. En 1961, la nueva izquierda universitaria apareció de la mano de Lázaro Cárdenas suscribiendo el manifiesto que llamó a la formación del Movimiento de Liberación Nacional y que se fundó con el propósito de proporcionar una organización cúpula a toda la izquierda. En un par de años, como consecuencia del sectarismo y capillismo de toda la izquierda mexicana, el grupo se alejó del MLN como de la revista Política. Para 1964, se encontraba replegado en el claustro universitario, con el salón de clases como centro de acción política”, véase (Cap. VII. De la represión a la apertura), Hacia el nuevo Estado. México, 1920-1994, Fondo de Cultura Económica, México, 1995, pp. 203-204. Prólogo de Luis González, 2ª ed.
2 La principal hipótesis del trabajo de Manuel Villa, ya referido, fue sostener que los temas que por ejemplo caracterizaron el tratamiento principal de una obra como La democracia en México (como la máxima expresión de una forma distinta de concebir y practicar la sociología, llamada por el autor “sociología crítica” y en contraposición a la que se produjo en los decenios de 1940 y 1950), provinieron más del reclamo práctico hecho por las protestas sociales de fines de los años cincuenta y principios de los años sesenta, que de un “desarrollo intrínseco” de la propia disciplina. Cf. Ideología oficial y sociología crítica. 1950-1970, op. cit.
3 Me parece que la movilización de 1968 y la obra La democracia en México encuentran sus coincidencias, claramente, en la expresión de inconformidad y de reclamo de apertura del régimen político. Esto no es sorprendente puesto que, es bien sabido, durante todo el decenio de 1960 se encuentran diversas posiciones, prácticas e intelectuales, que apelaron al “reformismo político”. Sin embargo, la movilización de 1968 también representó la evidencia más importante en cuanto a la imposibilidad de una reforma hecha al interior y a partir de la propia clase política mexicana de ese entonces; una posibilidad en la que creyó La democracia en México y que Carlos Madrazo, dirigente nacional del PRI a finales de los años sesenta, no pudo desarrollar, pese a los esbozos realizados.
4 Sin duda mi afirmación está sujeta a una amplia y detallada revisión documental de todos aquellos lugares de producción y difusión del pensamiento y de la investigación sociológica en México, en el periodo considerado. Pese a que no pretendí llevar a cabo una documentación exhaustiva, mis dos referentes principales me permiten observar que una preocupación en torno a las características más significativas del sistema político mexicano, es decir, en torno, por un lado, a la fuerza del presidente de la república frente a los demás órganos de gobierno y a los factores de poder, principalmente de derecha, y por otro, su génesis y su historia, constituyeron en gran medida objetos de análisis tan recurrentes como los anteriormente señalados durante los años principalmente setenta. Entre otros trabajos, véase, por ejemplo, A. Tribukait, “El presidencialismo en México”, en Revista Mexicana de Ciencia Política, México, FCPS, UNAM, año XVIII, núm. 18, octubre-diciembre, 1972, pp. 39-59; del mismo autor, “El desarrollo político de México contemporáneo”, en Revista Mexicana de Ciencia Política, México, FCPS, UNAM, año XX, núm. 75, enero-marzo, 1975, pp. 85-103; E. González Laca, “El presidencialismo o la personalización del poder”, en Revista Mexicana de Ciencia Política, México, FCPS, UNAM, año. XXI, núm. 80, abril-junio, 1975, pp. 35-42; Carlos Pereyra, “Estado y sociedad”, en Pablo González Casanova & Enrique Florescano (coords.), México, hoy, Siglo XXI, México, 1979, pp. 289-305; Julio Labastida, “Proceso político y dependencia en México”, en Revista Mexicana de Sociología, México, IIS, UNAM, año. XXXIX, vol. XXXIX, núm. 1, enero-marzo, 1977, pp. 193-227, pp. 193-227; y Daniel Cosío Villegas, El sistema político mexicano. Las posibilidades del cambio, Joaquín Mortiz, México, 1973, 116 p.
5 No sin estar sujetos a contradicciones y a luchas internas; todas estas apreciaciones constituidas como principios de análisis heredados o premisas de lo que se ha llamado la “cultura de la sociología” [Cf. Immanuel Wallerstein, “El legado de la sociología, la promesa de la ciencia social”, en El legado de la sociología, la promesa de la ciencia social, Nueva Sociedad, Unidad Regional de Ciencias Sociales y Humanas para América Latina y el Caribe, Oficina UNESCO Caracas, Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela, 1999, pp. 14-24], esto es, “…un punto de partida, que la mayoría de nosotros ha internalizado y que opera principalmente en el nivel de las premisas no cuestionadas que son asumidas más que debatidas”, ibidem, p. 24.
6 Algunos autores que estudiaron el periodo económico que corre de los años de fines de los cuarenta hasta principios de los ochenta, esto es, el periodo de las diversas “políticas nacionales del desarrollo”, afirman que el recurso al endeudamiento externo como una de las vías principales de financiamiento público (otra muy clara fue la inflación), el cual comenzó claramente en el decenio de 1950, se debió en gran medida a la pretensión de solucionar un problema coyuntural (entre los años de 1953 y 1958): el referente a la “crisis de la bonanza agrícola”, que afectaba seriamente los ingresos públicos; a esto se sumó una supuesta escasez de “ahorro nacional” y, también, el afán de no “desalentar” al sector privado. Con el paso del tiempo, en los años sesenta y, particularmente en los setenta, el endeudamiento externo fue utilizado como la vía principal, en detrimento, desde los años cincuenta, de la implementación de una reforma fiscal que se orientara en términos de impuestos directos al capital (nacional y extranjero). Cf., entre otros, James Cypher, Estado y capital en México. Política de desarrollo desde 1940, Siglo XXI, México, 1992, 280 p.; Roger Hansen, La política del desarrollo mexicano, Siglo XXI, México, pp. VII-XXVI, 3-18, 57-128, 271-302; y Luis Medina Peña, op. cit., pp. 84-145, 168-199.
7 El CCE se compuso de las siguientes organizaciones empresariales: la Concanaco, la Concamin, la Coparmex, la Asociación de Banqueros, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Por otra parte, en términos económicos, una apuesta en torno al reforzamiento de la posición del gobierno frente a la burguesía (nacional y extranjera) se vio obstaculizada todavía más puesto que la economía del país seguía siendo dependiente (y lo estaba siendo cada vez más) de la economía de los Estados Unidos. Un fenómeno político y económico perteneciente a la llamada “dinámica externa de desigualdad”, ya enunciada por González Casanova y que en absoluto había perdido actualidad, incluso se agravaba.
8 Para una ampliación del contenido de lo que se llamó la “apertura política”, véase Luis Medina Peña (Cap. VII. De la represión a la apertura), op. cit., pp. 221-226.
9 Véase ampliamente, Julio Labastida, “Proceso político y dependencia en México”, op. cit., pp. 193-227.
10 Ibidem, p. 204.
11 Cf. Julio Labastida, “Algunas hipótesis sobre el modelo político mexicano y sus perspectivas”, en Revista Mexicana de Sociología, México, IIS, UNAM, año XXXVI, vol. XXXVI, núm. 3, julio-septiembre, 1974, p. 636.
12 Labastida concluye así sus observaciones al respecto de la pérdida de relativa autonomía del grupo gobernante frente a la burguesía (nacional y extranjera), proceso social y político que venía ocurriendo desde los años cuarenta: “El intento de revivir algunos aspectos del cardenismo [refiriéndose a las intenciones reformistas con las que inició el periodo presidencial de Echeverría], muchas veces sólo a nivel de la imagen del régimen, se da precisamente cuando la burguesía no sólo exige dejar enterrado ese pasado, sino cuando se siente lo suficientemente fuerte para exigir una participación más directa en los asuntos del estado, el retorno al control de los sectores de la economía que este último conserva, mayores garantías para el desarrollo del capitalismo en el campo, una imagen del país que no ponga en peligro su proceso de integración con los consorcios internacionales. Finalmente, en relación al incremento de las luchas populares y la agitación social la burguesía exige una respuesta enérgica del gobierno, mediante la utilización de la fuerza y la liquidación de lo que, a su juicio, son las fuentes de la agitación; las organizaciones de la izquierda, la actual estructura de las universidades, los círculos intelectuales críticos, los sectores de la iglesia progresista, los políticos populistas y los tecnócratas que sueñan con alguna forma de capitalismo de estado. En otras palabras, la burguesía exige liquidar los restos del nacionalismo y de populismo que le quedan al sistema y cerrar el paso a las nuevas fuerzas populares”, ibidem, p. 639 (cursivas añadidas). Nótese, en verdad, la claridad de la argumentación.
13 A decir de Carlos Pereyra, el “estado” se enfrentó al siguiente dilema, lo que explica los términos políticos en los que concluyó los regímenes de Echeverría así como de López Portillo: o tolerar los mecanismos de decisión de las bases para hacer frente al proyecto del grupo privatista, el cual desvanece el tipo de estado imperante, o verse rebasado por el fortalecimiento de la lucha popular, la cual igualmente pondría en jaque a los mecanismos de dominación. Cf. “Estado y sociedad”, op. cit.
14 Hasta aquí llegan las observaciones de los dos trabajos de Labastida considerados. Su análisis del periodo de Echeverría sirve en gran medida para entender el siguiente mandato presidencial, al menos desde un punto de vista sociológico, si bien ofrece una particularidad histórica de análisis, incluso en términos de política interna y política económica.
15 Además de esta iniciativa, el sexenio de José López Portillo también se caracterizó, en cuanto a reformas se refiere, por su intento de “modernizar” la burocracia y tres leyes fueron las fundamentales para el propósito: la de presupuesto (que intentaba conciliar la política de presupuesto con la de planeación), la de deuda pública y la de administración pública. Véase al respecto, Matilde Luna, “Las transformaciones del régimen político mexicano en la década de 1970”, en Revista Mexicana de Sociología, México, IIS, UNAM, año XLV, vol. XLV, núm. 2, abril-junio, 1983, pp. 453-472. Luna sostuvo que tales modificaciones sobre el “aparato burocrático” respondían principalmente al incremento de poder de la burguesía en los asuntos de gobierno, apelando, por parte del gobierno, a la “racionalidad“ y a la “eficiencia”.
16 Cf. Luis Villoro, “La reforma política y las perspectivas de la democracia”, en México hoy, op. cit., pp. 348-362. Véase también Medina Peña, op. cit., pp. 235-236.
17 Véase Medina Peña, op. cit., p. 192, gráfica 3.
18 Para una explicación del por qué el gobierno recurrió desesperadamente a la nacionalización de los capitales, además de las medidas anteriormente adoptadas, como las devaluaciones, todo ello en relación directa a la caída de los precios del petróleo, a las medidas proteccionistas del gobierno estadounidense y, finalmente, a lo que significó la inminente incapacidad por parte del gobierno de regular o controlar la dinámica económica, véase Medina Peña, op. cit., pp. 194-199.
19 Medidas que debían ser reformuladas o repensadas; todo ello en estricta relación con lo que anteriormente se pensaba eran algunas medidas urgentes a realizar en el modelo de “desarrollo” implementado desde los años cincuenta.
20 Cf. María Guadalupe Acevedo López, “Las empresas mundializadas y la nueva División Internacional del Trabajo”, en Rosa María Piñón Antillón (coord.), México y la Unión Europea frente a los retos del siglo XXI, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, Delegación de la Comisión Europea en México, México, 1999, pp. 75-124.
21 Cf. María Guadalupe Acevedo López, “América Latina mundializada. Geopolítica, mercados y estructuras sociales”, en María Guadalupe Acevedo López & Adrián Sotelo Valencia (coords.), Reestructuración económica y desarrollo en América Latina. El debate latinoamericano, vol. 2, Siglo XXI, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México, 2004, pp. 19-52. Diez medidas concretas en relación a: 1. “Disciplina fiscal”; 2. “Reforma tributaria”; 3. “Tasas de interés determinadas por el mercado”; 4. “Paridades monetarias competitivas”; 5. “Políticas comerciales liberales”; 6. “Desregulaciones”; 7. “Prioridades en el gasto público”; 8. “Privatización de empresas estatales”; 9. “Apertura a las inversiones privadas”; y 10. “Protección de la propiedad”, véase ampliamente en pp. 31-49.
22 Cf. ibidem, pp. 26-27. Para una amplia exposición sobre el significado de estos dos objetivos e ilustrados a partir de las diez medidas del Consenso, véase el resto del trabajo de Acevedo, pp. 31-52.
23 Véase, para el primer caso, los trabajos en torno a “Estudios electorales”, en Revista Mexicana de Sociología, México, IIS, UNAM, año XLIX, vol. XLIX, núm. 2, abril-junio, 1987, pp. 181-231. Número dedicado a los temas “Teoría de la democracia”, “Procesos políticos” y “Estudios electorales”. Para el segundo caso, véase el número completo de Revista Mexicana de Sociología, México, IIS, UNAM, año, XLIX, vol. XLIX, núm. 4, octubre-diciembre, 1987, dedicado al tema “Democracia emergente en México”; y del número anterior, los trabajos dedicados a “Procesos políticos”, pp. 55-87.
24 Considero, principalmente, los trabajos “Las alternativas de la democracia” & “México: el desarrollo más probable”, en México, hoy, op. cit. , pp. 363-371; 405-419, respectivamente; y “La crisis del estado y la lucha por la democracia en América Latina”, en Revista Mexicana de Sociología, México, IIS, UNAM, año XLIII, vol. XLIII, núm. 2, abril-junio, 1981, pp. 533-544.
25 Cf. por ejemplo, Octavio Rodríguez Araujo, “(Parte II. Los factores reales de poder) Partidos políticos y elecciones en México, 1964-1985”, en Revista Mexicana de Sociología (“Número Conmemorativo del XX aniversario de la publicación de La democracia en México”), México, IIS, UNAM, año. XLVII, núm. 1, enero-marzo, 1985, pp. 41-104.
26 Véase sobre todo “La crisis del estado y la lucha por la democracia en América Latina”, op. cit., pp. 533-544.