Fernando R. Beltrán Nieves

Significados de la violencia física oficial y de la deslegitimación de la política oficial en México

“Bien es sabido […] que trabajamos y especulamos por lo general sobre series relativamente breves y particulares […]”

Fernand Braudel, A favor de una economía histórica (Aguirre Rojas, 1996: 145)

En México, el incremento de la violencia física oficial y la pérdida de legitimidad de diversos ámbitos de la política oficial, como por ejemplo la representatividad (local, estatal y federal) así como las instancias encargadas para su regulación, no pueden ser vistas como dos procesos o trayectorias nacionales separadas. Este trabajo tiene el objetivo de argumentar a favor de que existe una relación entre ellas, pero no se propone una exposición que aspire a su comprobación estadística. Argumentar sobre la existencia de esta relación permitirá consecuentemente hablar de sus significados. El aspecto fuerte de esta exposición reside en su esfuerzo de interpretación a cerca de los referentes que se ofrecen al lector. El análisis tiene un carácter histórico, concentra su atención en aspectos llamados “estructurales” y “supraestructurales”, hace uso de la conjetura y circula también en el terreno del combate frente a perspectivas que sostienen y alientan el reformismo práctico e intelectual de la política oficial.

Se habla aquí de incremento o uso descarado de la violencia física oficial a partir de hechos que se presentan fácilmente a los espectadores en lo que va del 2000 a la fecha: 1, la distancia que se quiere creer mínima o nula entre oposición política ––legal o no, radical o no––, y delincuencia organizada y, paralelamente a lo anterior, 2, la imposición y difusión de la percepción que considera inevitable este recurso como, al menos, política de gobierno, como política para hacer política. Son indicadores de la primicia de estos dos puntos las formas en que terminaron conflictos recientes y muy dispares entre sí  ––hágase notar que no su solución––,  como la huelga estudiantil que realizó el Consejo General de Huelga en la Universidad Nacional, la defensa de la tierra por parte del Frente Popular en Defensa de la Tierra en el Estado de México, el desconocimiento por parte de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca del gobierno estatal encabezado por Ulises Ruiz o la defensa del sufragio popular, como principio básico de legitimación de cualquier gobierno, que se aglutinó alrededor de la figura del ex-candidato presidencial del Frente Amplio Progresista, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, en absoluto se trata de los únicos indicadores al respecto de lo que hablamos, puesto que la inexistencia de la protección real y legal a garantías mínimas constitucionalmente establecidas, contrastadas por ejemplo con la violación a los llamados “derechos humanos” o la desaparición o encarcelamiento de militantes y activistas, con lo que se ha dado en llamar la “reactualización” de la “guerra sucia”, forman parte, otro tanto, de esos indicadores. Si se amplia el periodo temporal y lo remontamos por lo menos otros diez años y además nos concentramos en dos tipos de conflictos de gran envergadura en el país, como es, por una parte, el caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y, por otra, el caso del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, esta preponderancia del recurso no desaparece, en absoluto, sino que ha sido la vía primerísima para confrontarlos y, en gran medida, para pretender destruirlos ––si bien en el caso del primero hubieron momentos de negociación con el gobierno federal.

Por otra parte, se habla aquí de deslegitimación de la política oficial a partir principalmente de dos hechos registrables, pertenecientes al ámbito federal, en torno a la figura presidencial y concentrado en el “sistema electoral”: lo sucedido en 1988 y lo sucedido en 2006. Con ciertas precisiones y detalles por hacerse pero que aquí pueden considerarse semejantes, las dos elecciones presidenciales mostraron que el sufragio popular como principio básico para dotar de legitimación a un gobierno, no es determinante; además, las instancias encargadas de regular esa dotación, sin bien han sufrido modificaciones a lo largo de casi 20 años, no han respondido a mínimas expectativas deseables: certidumbre y transparencia. Esta deslegitimación de la que se habla a propósito de estos dos eventos en absoluto agotan el fenómeno, pero como referente se consideran significativos dada la amplitud y extensión que conllevaron en términos nacionales. Por otra parte, hablar de deslegitimación de la política oficial también se expresa en y por la forma en que se ha intentado abordar los conflictos sociales y políticos anteriormente señalados: una inexistente política de gobierno hacia el conflicto y la oposición, legal o no, pacífica o no.

Las dos trayectorias nacionales que ocupan este trabajo circulan y dan vida en buena parte a la “maquinaria estatal” (expresión tomada de Robert Kurz). Dicho en otras palabras, la violencia física oficial proviene exclusivamente de tal maquinaria y la política oficial se hace particularmente en ella también. La pregunta que se plantea y que se pretende abordar, en primer instancia, es cuáles procesos están causando un movimiento ascendente en el primero y un movimiento descendente en el segundo, ámbitos mutuamente implicados dada la fuente de su origen.

Considérese, en primer lugar, la entrada de una fase B de Kondratiev, registrada mundialmente al inicio del decenio de 1970, particularmente con la subida de los precios del petróleo. La entrada mundial de una fase B de Kondratiev a inicios de los años setenta, por ejemplo, hizo muy poderosa la ofensiva hacia con los “proyectos estatizantes” (de gran parte del mundo, pero no de todos) y, por supuesto, hacia con los grupos que los impulsaban1. “Los fenómenos sintomáticos de una fase B de Kondratiev son: retardamiento del crecimiento de la producción, y probablemente declinación de la producción mundial per cápita; ascenso de la tasa de desempleo de asalariados activos; desplazamiento relativo de los puntos de beneficio, de la actividad productiva a las ganancias derivadas de las manipulaciones financieras; endeudamiento del estado; reubicación de industrias ‘viejas’ en zonas de salarios más bajos; aumento de los gastos militares, con una justificación que no es en realidad de naturaleza militar sino más bien la de la creación de una demanda contracíclica; caída del salario real en la economía formal; expansión de la economía informal; declinación de la producción de alimentos de bajo costo; creciente ‘ilegalización’ de la migración interzonal” (Wallerstein, 1996: 31)2. Dicho en otras palabras, una fase B de Kondratiev supone ciertos obstáculos para que se obtenga una acumulación mundial significativa, una en serio. El declive de una fase A y la entrada de una fase B circula, entre otras cosas, por el deterioro de monopolios en torno a precios, a tecnología o a insumos o costos. Los “mercados” se vuelven “competitivos” y ésta propiedad es contraria a una obtención amplia de ganancia. De tal manera que se implementan cambios. Éstos, en el fondo, no son novedosos ni muchos menos, sino que han sido reajustes cíclicos ajustados a los tiempos; reajustes indispensables para la acumulación de capital: ampliación de mercados, innovaciones tecnológicas, diferentes organizaciones de trabajo, sustracción de costos ––principalmente salarios e impuestos––, creación de nuevos gustos y patrones de consumo, nuevos productos, etc. Destaca que en estas fases de descenso haya un embate hacia los sueldos y los salarios, hacia los impuestos al capital; que el capital se reproduzca principalmente en la esfera financiera y, paralelamente, que no se destine, significativamente, a la inversión productiva; o que el capital se desplace hacia otras zonas, “más rentables”, lo que no es otra cosa que la existencia de “trabajadores desprotegidos” y de “estructuras impositivas favorables”.

Para el caso mexicano significó, en términos generales, la explosión de su endeudamiento público, registrado abrumadoramente en 1982, y la reconfiguración de casi 360 grados de su patrón de acumulación de capital o su “modelo de desarrollo”, delineado, a partir de ese momento, por medio de lo que se conoce como “neoliberalismo”. Nótese entonces, la secuencia de los eventos. Esto que se ha llamado, por muchos, como “neoliberalismo”, supone ciertos resultados políticos-económicos producto éstos de la entrada de una fase B; programa, estrategia, modelo o como quiera que se le llame que ha venido reforzando o profundizado los resultados. Otra manera de decir lo mismo es que la entrada y el desarrollo de la fase B ha sido encauzada por ese programa. Para el caso mexicano, así como de otros países latinoamericanos, tal programa se concretó, principalmente para el decenio de 1980, en diez medidas de política económica, conocido como “Consenso de Washington” (cf. Acevedo López, 2004: 19-52).

Sin embargo, esta fase, que supone ciertos obstáculos más no imposibilidades, dado que se trata de ritmos cíclicos, coincide con otro tipo “tendencias seculares” (expresión tomada de Wallerstein) que, juntos ––las tendencias y la fase B––, dan un viraje a esa coacción de por sí fuerte, haciéndola, en resumen, mucho más poderosa y coercitiva a la acumulación; mucho más poderosa y coercitiva, por tanto, a la maquinaria estatal. Esto es así, como bien se sabe, porque la interminable acumulación de capital depende de la intervención de las maquinarias estatales en tal multitud de formas que cualquier debilitamiento real de la autoridad estatal es desastrosa para los capitalistas (cf. Wallerstein, 2002a).

Tendencias que son entonces mundiales pero que afectan distintivamente según la posición que ocupa el país en el llamado “sistema interestatal” (expresión tomada de Wallerstein). Esta relación entre los procesos que referimos, es la que permite sostener que no se trata de una coacción y de unos límites basados solo en una tradicional fase B de Kondratiev.

Antes de considerar tales tendencias de mayor coacción, agréguese a lo anterior que la ofensiva simbólica que se encuentra cubriendo el desenvolvimiento de la diversidad de procesos que ha traído consigo la fase B de Kondratiev, se ha nutrido de “lugares comunes”, en el sentido aristotélico de nociones con las cuales se argumenta pero sobre las cuales no se argumenta (Bourdieu & Wacquant, 2001). Pero nótese que es la forma en que se ha venido configurando el resurgimiento de esa ideología posicionada a la derecha o un poco más a la derecha de lo que había sido el centro liberal, la cual se ha venido llamando “neoliberalismo”. Tales han sido, es bien conocido, las de “flexibilidad”, “adelgazamiento”, “eficiencia” o “competitividad”. También han tenido un papel nada despreciable, a propósito del manejo político, las nociones de “gobernabilidad” o de “transición democrática”. Lugares comunes que han constituido una verdadera “vulgata planetaria”.

Lo que está contribuyendo al recrudecimiento del desenvolvimiento de la fase B de Kondratiev, son tendencias cuya propiedad más característica es la presión que se ejerce sobre la existencia de las maquinarias estatales. Si bien la primera las afecta particularmente en términos del combate a la estructura impositiva del capital, estas tendencias no circulan sólo en esos terrenos. La fuerza o la intensidad de esa presión, como se ha dicho, depende de la posición que ocupe tal maquinaria en el sistema interestatal. Dado que existe la distinción ya clásica entre centro y periferia, aquí nos referimos fundamentalmente a la presión que se ejerce sobre esta última, puesto que México pertenece a ella. La siguiente exposición se sitúa en un nivel de abstracción en que periferia y el caso mexicano no encuentran distinción, salvo cuando se especifique lo contrario.

En absoluto se trata de la tesis común que le imputa a las empresas transnacionales y a los socios del imperialismo tal coacción abrumadora. No, en realidad se trata de un deterioro, más bien, que está alimentado, por una parte, en términos de geopolítica y de geocultura; pertenecientes a un nivel “supraestructural”. Por otra parte, en términos de capacidad financiera para costear los servicios estatales que se exigen; perteneciente a un nivel “estructural”.

(1) Desde que se constituyó el sistema interestatal, con sus respectivas divisiones geopolíticas, las batallas en torno al control de las maquinarias estatales fueron las luchas políticas más importantes, las más recompensadas, durante los siglos XIX y XX principalmente. Poco después de terminada la segunda guerra mundial los principales grupos que controlaban esas maquinarias por todo el mundo enarbolaban, explícita o implícitamente, abierta o entre bambalinas, el programa del liberalismo: socialdemocracia, partidos comunistas, movimientos de liberación nacional o movimientos populistas. Esta ideología, es decir, este programa político, circulaba, para el caso de los países centrales, por tres vías principales: identidad nacional, redistribución y sufragio popular; para el caso de los países periféricos, por dos vías principales: autodeterminación de las naciones o soberanía nacional y desarrollo nacional. Ya sea por el original o por las mutaciones que sufrió el programa posteriormente, fueron éstos los caminos por los que circularon las ofertas del liberalismo, siempre apelando, “por la vía media y por el tiempo adecuado” (las claves del reformismo), al perfeccionamiento inevitable del cuerpo político y de la sociedad en general. Este programa, con el paso del tiempo, se constituyó en el orden simbólico que legitimó la existencia de las maquinarias estatales; se constituyó en la geocultura y en la geopolítica del sistema interestatal. Puede decirse, también, que fue la manera en que logró domesticar las demandas de apropiación de plusvalor y de participación en la toma de decisiones políticas; que no fueran tan profundas y que las “clases peligrosas” que las demandaban, no devinieran tan peligrosas. De tal manera que se encontró, en promedio, de un cauce aceptable para muchos, si bien no para todos.

Sabiendo que el apogeo de este programa tuvo lugar en una fase A de Kondratiev, registrada, más o menos, después de 1945 hasta 1968/1973, la oferta pudo efectivamente domesticar a muchos. No fue sino hasta con la revolución planetaria de 1968 así como con 1989, con la caída de la URSS y de su bloque, que la estrategia sufrió de dos serios embates, de la que ha salido tambaleante y frágil. Al no haberse “transformado el mundo” con la llegada de todos esos movimientos a la cabeza de las maquinarias estatales (recuérdese la expresión de Kwame Nkrumah: “Buscad primero el reino político, y todo lo demás os será dado por añadidadura”), esos eventos dejaron ver, efectivamente, que se trataba más bien de una estrategia de domesticación que de un cumplimiento real y masivo de las ofertas. Sin duda esto fue una sacudida enorme de la geocultura y de la geopolítica del sistema interestatal o del consenso mundial en torno al liberalismo, de tal manera que el descrédito o la pérdida de legitimación de la existencia de las maquinarias estatales, por parte de la mayor parte de las poblaciones, ha sido uno de los efectos más sobresalientes a propósito (Wallerstein, 1997: 69-99; 2002a: 80-87; 2003: 35-64).

Ese consenso, esa geocultura y esa legitimidad producto de ello posibilitaba un orden, tanto en las cabezas como en las prácticas, sobre todo las de los trabajadores y de los grupos posicionados a la cabeza de la mayoría de las maquinarias estatales (periféricas), que se constituía esencial para la certidumbre de la acumulación del momento, pero también y no menos importante, para la del futuro. De tal suerte que lo que la fase B ha forzado hacer a muchas maquinarias estatales, tanto céntricas como periféricas, profundiza la herida. ¿O es que, por ejemplo, el retiro de la presencia estatal en torno a ciertos derechos y servicios llamados sociales, ligados, en una palabra, al “estado de bienestar” o al “desarrollo nacional”, se ha tomado con buena cara y sin ningún problema? Por supuesto que no. Todos, población general, trabajadores y, sobre todo, los capitalistas, desearían que se gastara más en función de su propio beneficio. Llegado a este punto, hablemos de la segunda tendencia de nivel “estructural”.

(2) Hace tiempo la disposición a la contribución fiscal de una parte de la población, según su posición en la “escala social”, se asumía como una obligación incuestionable, al menos para su mayoría. Se sabía o, dicho más precisamente, se tenía fe en que lo entregado se transformaría, con el paso del tiempo pero no con mucha demora, en servicios aceptables en términos materiales, simbólicos y en servicios de “carácter social”. Además, la envoltura liberal que cubría a las maquinarias estatales reforzaba enorme y efectivamente tal disposición. Por sus efectos seductores, persuasivos y paliativos, esta disposición a la contribución fiscal formaba parte del orden del que se habló anteriormente para que la acumulación tuviese certidumbre. Formaba parte, en una palabra, de la estrategia de domesticación. Sin embargo, a partir de los dos grandes atentados a la oferta del liberalismo, en todas sus versiones y por medio de todos sus caminos, particularmente cuando se considera la redistribución, tal disposición se ha trastocado en gran medida. De tal suerte que una de las fuentes principalísimas para costear parte de la maquinaria estatal, desde hace tiempo, se ha puesto ya en entredicho3. Nuevamente aquí, los cambios hechos a partir de la llegada de una fase B de Kondratiev, particularmente para el caso de los países periféricos, hacen pensar que si esa disposición se encuentra aún de pie, no está garantizada en absoluto: piénsese, simplemente, en lo que ha significado la ofensiva hacia los sueldos y los salarios. Por supuesto que no sólo compete a la contribución de la población trabajadora, sino también pertenece a la de los capitalistas: piénsese, simplemente, en los efectos que ha tenido la ofensiva hacia los impuestos al capital.

Este fenómeno: la presión de que la maquinaria estatal gaste más pero que, al mismo tiempo, cobre menos, se conoce como la “crisis financiera de los estados” (cf. Wallerstein, 1997: 69-99; 2002a: 67-87; 2003: 35-64). Habrá que decir que pertenece a una cantidad importante de ellos, pero no de todos. Dicho más precisamente, ya pertenece fuertemente a una mayoría pero unos pocos no la han resentido con la misma intensidad que aquellos otros. ¿Por cuánto tiempo?

Porque la envoltura geocultural y geopolítica ha comenzado a perder fuerza; porque las concesiones de redistribución se han reducido; porque la domesticación ya no goza de la misma penetración que antes; y porque todos estos factores convergen hacia una pérdida creciente de legitimidad de las maquinarias estatales, es que se puede razonar que su legitimación ha empezado a cuestionarse desde hace unos cuantos lustros. Pérdida claramente en torno de las situadas en la periferia del sistema interestatal, pero en absoluto como una exclusiva propiedad de ellas. No menos importante con respecto a tal pérdida de legitimidad es el embate a vías principalísimas por las cuales servicios estatales, fundamentales a la acumulación de capital, encontraban financiamiento.

Resumiendo: después del decenio de 1970, fuertes coacciones que circulan mediante procesos en referencia fundamentalmente a la disminución de las posibilidades de acumulación, significativa y mundial, han obligado a que el propio capitalismo modifique sus formas de reproducción. En este ensayo se ha hablado que una de las coacciones de las que circulan consiste en atentar contra la estabilidad de un orden simbólico y físico propicio para la acumulación de capital económico: la primavera y el verano del sistema interestatal y de la geocultura mundial, y no el actual otoño de esas instituciones. Como se ha dicho, la interminable acumulación de capital depende de la intervención de las maquinarias estatales en tal multitud de formas que cualquier debilitamiento real de la autoridad estatal es desastrosa para los capitalistas. Este debilitamiento es más claro en términos de la posición periférica, pero en absoluto es una exclusiva propiedad de ellas.

Posiblemente la reducción de costos, fundamentalmente en torno a la mercancía trabajo, aunque hay otro tanto de qué hablar sobre los impuestos, sean los últimos recursos disponibles para la acumulación de capital económico. ¿Hasta qué punto es posible? Tómese en cuenta que, en este contexto de coacciones poderosas, sus posibilidades dependen en gran medida de servicios estatales, por ejemplo, servicios de represión, de hostigamiento y de legislaciones marcadamente de clase. De ahí también que la intensidad de estos servicios esté en aumento. Además, nótese que aquí existe otro dilema. Contrariamente a la evidencia que supone, el combate y la ofensiva hacia la protección del trabajo, principalmente legislaciones u organizaciones, para efectivamente obtener un margen de ganancia, es una estrategia efectiva sólo para el tiempo inmediato; con ello, la expectativa de obtener los mismos resultados en el futuro podrían verse destruidos puesto que para esto último marche se necesita la existencia de una “demanda efectiva”. Dicho en otras palabras, la primera decisión traería desastrosas consecuencias en términos de la creación de una “demanda efectiva”. Como puede apreciarse, se trata de un dilema que se reduce en gran medida al estado de las relaciones de fuerza entre los capitalistas.

Está en juego entonces la duración disponible o la estructura temporal permitida de las ejecuciones pertinentes al respecto y, por supuesto, de sus “efectos positivos” para mantener con vida a este sistema mundial (expresión tomada de Wallerstein), aprovechando el debilitamiento de los estados en el corto plazo o tratar a corto plazo de reparar o restaurar la legitimidad de las maquinarias estatales. O, todavía más importante y sobre lo que escasa producción intelectual refiere, dadas las condiciones objetivas de largo plazo, crear otro u otros sistemas sociales cuyas propiedades opresivas, jerárquicas y desiguales se mantengan o se acentúen4. Nuevamente aquí el principio de Lampedusa, cambiar todo para que nada cambie, es bien aplicable. En mi opinión, y en la de otros, son estos procesos planetarios de coacción hacia la existencia de las maquinarias estatales, en gran medida, los que realmente se encuentran delineando sus principales propiedades de fondo, no las de superficie.

De los tres rumbos posibles señalados en el último análisis wallersteinano referido (2003), el primero ––es decir, el aprovechamiento del debilitamiento del estado por parte del capital en el corto plazo––  responde con más precisión a la realidad que enfrenta una maquinaria estatal como la mexicana, posicionada en la periferia del capitalismo. Es este contexto el que permite comprender por qué han habido contemporáneamente un movimiento ascendente y constante en el uso de la violencia física oficial y un movimiento descendente con respecto a la legitimidad de la política oficial.

Cada vez más nos acercamos al contraste de que el uso de la violencia física oficial está adquiriendo una dimensión incluso más allá de un componente de política de gobierno; está adquiriendo un papel estratégico, particularmente pero no únicamente, cuando se habla de oposición proveniente “desde abajo” (expresión tomada del subcomandante Marcos). Por el contrario, lo que acompañaba a las luchas por el control y administración de la política oficial, es decir, todo aquello que ofrecía el liberalismo y que podía seducir y domesticar precisamente a las “presiones y reivindicaciones desde abajo” ––participación paulatina pero creciente del plusvalor producido y participación en las tomas de decisiones políticas fundamentales, aunque sea básicamente por medio del sufragio popular––, está en un claro repliegue. De tal suerte que no es descabellada la conjetura de que si bien en el pasado las luchas por acceder al control de la maquinaria estatal, a la búsqueda del “reino político” como decía Kwame Nkrumah, se constituía en lo más valioso, en lo más deseado y en lo más seductor, en estos tiempos del siglo XXI, cuando se habla de conflictos políticos y sociales, tal parece que la figura de la maquinaria estatal se ve limitada en gran medida al control y administración del uso de la violencia física oficial.

La preponderancia del uso de la violencia física oficial en México llega a explicarse además por otras dos razones, si tomamos en cuenta posiciones del activismo político como de la reflexión académica (Cockcroft: 2006; Marcos, 2006). Por una parte, por la inexistencia de una presión social y política suficientemente fuerte que exija su cancelación y, por otra parte, debido a la dificultad que han visto las instancias “reconocidas socialmente” en términos de su legitimación. La autoridad estatal se ha visto en gran medida en la necesidad de reemplazar esta pérdida, ciertamente muy dispar a lo largo de todo el territorio, por medio de su imposición de facto, aprovechando la inexistencia de la fuerza o la dispersión de esa presión social y política. Dicho en otras palabras, si no es difícil de percibir la dificultad que tiene la autoridad estatal para seducir y domesticar a los “de abajo”, como se ejemplifica con los referentes que se han dado al lector, es debido a que su valor político, a que su capacidad de domesticación y seducción se han visto trastocados.

Y en efecto, la imposibilidad de detener las ofensivas directas provenientes desde la maquinaria estatal, es decir el uso descarado de la violencia física oficial, y la pérdida creciente de legitimidad de las instancias “tradicionalmente reconocidas” son reflejos claros, para el caso particular mexicano, del debacle de la geocultura y de la geopolítica planetarias ya expuesto.

Es verdad que el recurso a la vía violenta para contrarrestar o para eliminar principalmente las oposiciones se ha constituido, desde mucho tiempo atrás, en una manera de dar vida y de dar camino a la política de gobierno en México. Esto, en absoluto, no es una novedad. Una vía que no sólo se concreta en el financiamiento y adiestramiento de cuerpos de carrera, policíacos o militares, legales o ilegales, y de sistemas de inteligencia, sino en “técnicas de poder” tradicionales, tecnológicas, o combinadas: por ejemplo, en fraudes, en cooptación, en corrupción, en clientelismo, en corporativismo. Pero a diferencia del que hoy se vive, el recurso de la violencia física oficial de hace unos lustros se situaba en unas condiciones en las que la salud del consenso en torno al liberalismo estaba ciertamente estable. De tal manera que los momentos más descarados sobre su uso encontraban un respaldo en los caminos alternos y “suaves” de la domesticación. Dicho en otras palabras, éstos últimos tenían mayores efectos que los primeros. Se agrega a lo anterior los intentos de los regímenes priistas para mantener “disfrazadas” las ofensivas directas, mientras que las “justificaciones” en torno a la alta peligrosidad que representaban “grupos marginales y radicalizados” a la “paz social” se veían complementadas, ciertamente, del contexto creado por la llamada Guerra Fría. Es verdad que la guerrilla rural y urbana que se desarrolló en los años sesenta, setenta y ochenta, principalmente, contribuyó a que la estrategia se impusiera. Hoy lo que se percibe es que no distingue entre atentados reales o imaginarios sino que se está ejerciendo simplemente, y aunque el actual contexto mundial producto del 11 de septiembre de 2001 ofrece, ciertamente, de otras envolturas “pertinentes” a la ofensiva, existe la duda de si convencerá como su antecesora, puesto que el respaldo del y la fe puesta en el liberalismo, el telón de fondo, ya no existe más, ya no existe con la fuerza abrumadora de antes.

La viabilidad del recurso a la violencia física oficial, les guste o no a sus devotos partidarios, no está dada de antemano como pareciera a simple vista o como quisieran ellos. Se necesitará, cada vez más, de un ropaje y de una justificación, de una legitimación en una palabra, que sustente el recrudecimiento y la profundización del recurso, llegado el caso. Cualquier lector de los clásicos de la ciencia política sabe perfectamente que una política por la fuerza poca fuerza tendrá a la larga, tanto más cuanto que las vías de su financiamiento no se encuentran tampoco en sus mejores condiciones. Sin embargo, la pregunta ¿cómo converger el recurso de la violencia física oficial sin “envolturas eficaces de legitimación”? es un dilema que no parece encontrar respuesta en los ámbitos de la política oficial. Un correlato a lo anterior, que hace más difícil la búsqueda de esa respuesta, es cómo controlar ahora a las llamadas clases peligrosas de nuestros días. ¿Acaso sólo con la fuerza?

Si tiene una prioridad creciente el uso de la violencia física directa como política de gobierno frente a cualquier modificación de la “estructura política” (expresión tomada de González Casanova) o frente a la implementación de una política interna hacia el conflicto social y político, como lo dejan ver los referentes que se han dado al lector, y si no se encuentran a la brevedad otras envolturas legitimadoras, otras propuestas de ofrecimientos de integración que envuelvan la ofensiva del recurso, lo cual ciertamente no es probable, no constataremos en consecuencia más de lo que actualmente ya se intuye y se percibe, si acaso, por supuesto, su agudización. Esto es, por mucho que llegasen a cavar en el terreno posibles modificaciones en la estructura política ¾ciertamente las cuales están dando mucho de qué hablar todavía en términos intelectuales, sobre lo que volveremos al final de este ensayo¾, no se quitará el dedo del renglón, en el corto plazo, en la disposición al uso de la violencia física oficial, sobre todo por ciertos efectos que se piensa producen en cuanto a “orden” en el tiempo inmediato. ¿Pero se produce en realidad orden? ¿Acaso esos supuestos efectos podrán equivaler una legitimación más o menos masiva y de largo plazo? Por supuesto que no. Si se acepta que difícilmente existirán en el futuro condiciones sociales que realmente permitan la producción de unas ofertas como las liberales, aunado a sus mutaciones según casos particulares, lo más probable es que este recurso, en los años por venir, se pretenda convertir en un verdadero recurso estratégico, como ya se apuntaba.

Sin duda existen serias razones para pensar que cualesquiera ofertas particulares provenientes de las instancias oficiales que se produzcan para estos tiempos y para después, les circulará un fuerte superavit de precariedad en términos simbólicos y en términos de condiciones sociales objetivas que las acolchonen y les den fuertes respiros, por ejemplo vías clásicas de financiamiento. Un superavit que está alimentado, como se ha visto, de procesos planetarios que están minando particularmente posibilidades más o menos seguras de acumulación de capital.

Recapitulemos: lo que alguna vez se hizo del control de la “maquinaria estatal” lo más deseable, lo más rentable, lo más recompensable o lo más prometedor ¾cuyas disputas, que habían sido las más importantes a lo largo de varios siglos, principalmente el XIX y el XX, por la orientación individual, pero sobre todo de clase, de los beneficios que ofertaban sus servicios, sobre todo los pensados hacia la acumulación y, en menor medida pero no menos importante, los encaminados a la protección así como al bienestar del trabajo, es decir, los encaminados a la protección y al bienestar de las poblaciones trabajadoras, al menos de una parte de ellas¾, en el presente lo que está en juego en la mayoría de ellas, sobre todo las pertenecientes a la región periférica y cuando se trata de considerar los conflictos políticos y sociales, aunque de un modo todavía nebuloso, es la forma abierta o no tan abierta y el tiempo rápido o paulatino en que se dispone el recurso de la vía violenta oficial como política de gobierno, por lo menos.

No se trata sólo de que ahora el recurso se ejerza sin discreción o de “forma moderada y racional”, de manera constante o de vez en cuando; no se trata sólo de que ahora esté desprotegido en términos claramente simbólicos y cada vez más en términos financieros, lo cual es ciertamente una diferencia sustancial y clave con respecto a su historia pasada; no se trata de que ahora sea una novedad con respecto a su ejercicio en el pasado5. No se trata sólo de todo esto que remite a los dilemas que deben de afrontar sus devotos partidarios o sus no tan devotos pero sí urgidos de su uso y de su operación, sino de lo que, frente a ello, hagan y dejen de hacer las llamadas clases peligrosas al respecto, tanto las de los países centrales, como, y posiblemente sobre todo, las de los países periféricos.

Variadas respuestas contemporáneas han circulado ya, concentrado la atención y el análisis precisamente algunas que se han producido en ese último caso geopolítico: piénsense, por ejemplo, en lo que significó el caso como el del ayatollah Joemeini de Irán6; el caso de Sadamm Hussein de Irak7; o las versiones radicales del islamismo político8. Para la situación más particular de México (y, posiblemente también, de la región latinoamericana), lo que ha significado las emergencias de “movimientos armados revolucionarios”, aunado a las transformaciones hechas para sopesar la clandestinidad o los vínculos hacia otros grupos u organizaciones, incluso otras transformaciones, para actuar en otros frentes y para mantenerse en ella. No ha sido menos importante, aunque de una manera menos dramática, menos espectacular y, en apariencia menos política, la resistencia individual que ha venido constituyéndose en torno a la reubicación física hacia los países centrales9.

Todas estas respuestas de variada índole en términos de orígenes, trayectoria, historia, objetivos e ideologías, han protagonizado puntos clave de nuestra historia política contemporánea, y más que en ningún otro tiempo se les podría apostar a su pronta desaparición. No han sido las únicas respuestas y claro, en efecto, se podrá decir que la emergencia de todas las que aquí se mencionan y lo que se ha entendido hasta ahora en torno de ellas no es novedoso ni mucho menos. Sin embargo, lo que señalo al considerar estas específicas respuestas es atender el hecho de lo que viene representando, en conjunto, la presión y el combate que ejercen a las maquinarias estatales, en la mayoría de los casos aquí considerados de manera violenta, recrudeciendo los problemas que ya traen consigo: por ejemplo, para los tres primeros casos y del último caso con respecto de las centrales, y el cuarto caso con respecto de las periféricas. Se ha de notar que para los casos de Hussein y de los “movimientos armados revolucionarios”, se sigue teniendo como principal objetivo el control del poder estatal. Si estas respuestas se llegasen a multiplicar, si otros grupos comienzan a concebir a estas respuestas como opciones viables, dudo que no se deparase sobre lo que apunto. Nótese también, desde otro punto de vista, que estas respuestas, al menos una parte de ellas, evidencian otro aspecto de la crisis en las que se encuentran las maquinarias estatales, el cual tiene que ver con la escasez de dotación oficial de seguridad emocional y material, y que estas mismas expresiones intentan dotárselas apropiándose de referentes, laicos o no laicos, que no son necesariamente con los que operan aquéllas oficiales.

Uno de los significados que se han ofrecido aquí a propósito de los referentes dados, es que el incremento del uso de la violencia física oficial como, al menos, componente básico de la política oficial, contrasta con la implementación mínima de una política interna destinada al conflicto político y social ––que aspire por supuesto a la solución–– o, por otra parte, con la modificación significativa de lo que puede llamase la estructura política.

Ciertamente en México, desde el decenio de 1970, se han llevado a cabo “reformas políticas”, fundamentalmente electorales y en términos de sistemas de sufragio, de representatividad y de partidos políticos; estos cambios han dado lugar también a variadas producciones teóricas sobre lo que comenzó a denominarse, precisamente con esos cambios, “transición democrática” o “apertura política o democrática”. Estos cambios que han habido contrastan, al menos, con lo que se ha apuntado a partir de los referentes dados al comienzo. Referentes empíricos, vale señalarse, que, a propósito de artículos de opinión que difunden ciertos medios nacionales ––el periódico La Jornada por ejemplo––, han dado origen a la explotación de la noción de “terrorismo de estado”.

Se podría entonces constatar que entrados los años setenta, México en gran medida ha estado situado y ha estado pensado en ese tipo de reformas en torno a la “transición democrática”. En consecuencia, ha dado para muchos temas o aspectos de intelección, en absoluto novedosos, como por ejemplo: el federalismo, la descentralización, la municipalización, la división de poderes, el régimen de partidos, los sistemas de sufragio y sus correlatos (como el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular o la revocación de mandato), la política fiscal o los costos y la operatividad de los cuadros burocráticos (cf. González Pedrero, 2006). Con el desenvolvimiento de dichos cambios y con lo que intelectualmente ha girado en torno de ellos, se ha pretendido, desde diferentes frentes, disuadir y convencer que ha valido mucho la pena hablar y actuar sobre ese tipo de transformaciones de la política, y en gran parte lo han logrado pues baste escuchar los lamentos que provoca hablar de la falta de “democracia”, así como observar la actual exuberante literatura al respecto o constatar la abundancia de los cursos y los seminarios académicos existentes. Nótese que los cambios que han habido y, sobre todo, los cambios deseables han estado concebidos en términos de su “viabilidad legal”: cambiar las leyes con las leyes y a los gobiernos a través de elecciones periódicas. Todo ello bien circunscrito, en gran medida, a las “buenas voluntades”, la “voluntad política”, de los administradores-políticos del momento.

Pero si bien las versiones que, en mi opinión, fueron las menos trabajadas, las más pragmáticas y las más fáciles para su publicidad y venta en torno a la “transición” y a la “apertura” se plasmaron, por allá de principios de los años ochenta, en términos de libertad de prensa, división de poderes y sistemas de partidos (Krauze, 1986, 1986a)10, no tardó mucho tiempo para que se evidenciara y se denunciara que cualquier cambio que hubiese en la estructura política sería, con el paso del tiempo, menos decisivo sobre la producción y la distribución del plusvalor11. Dicho en otras palabras, a partir de los años ochentas marchando galopante la “reestructuración de mercados” (expresión tomada de Acevedo López) bajo la única lógica de hacer viable la acumulación de capital económico en un contexto de coacciones poderosas y salvaguardándose de cualquier lógica que no fuera la suya, emergía con una fuerza abrumadora el reformismo teórico y práctico de la estructura política, combatiendo con ellos, según, todas las formas de autoritarismo y las versiones más radicales de éste. De tal manera que este reformismo político, en las cabezas y en las prácticas realmente de muchos, se ha visto objetivamente desarmado por otras dinámicas ––por ejemplo las coacciones poderosas sobre la maquinaria estatal periférica de la que hemos hablado––, tanto más si se ha pretendido, con gran éxito desde el punto de vista de los capitalistas, que la “esfera económica” se rija bajo un nomos al que no le pertenece competencia más que la suya.

Mientras que están circulando los efectos de la entrada B de Kondratiev; mientras que está marchando el programa diseñado para orientar sus efectos; y mientras que está aumentando la pérdida del consenso mundial en torno al liberalismo ¾todo ello representando, por supuesto, algunos de los más importantes dilemas de los capitalistas y sus administradores del sistema mundial¾, no ha significado, no obstante, que la serie de transformaciones que implican los procesos anteriores se hayan hecho exhaustivos al día de hoy y a lo largo de toda la extensión del sistema. Aunque la tendencia es hacia su exterminio o extinción, permanecen con cierta vida, en algunos países con más intensidad que otros, algunas flamas que se vinculan con la pasada oferta liberal de integración y, con ello, el sostén de ciertas “estructuras mentales” o, si se quiere, de ciertas problemáticas cuyo efecto más perjudicial, para sí mismas, es que se mueven a contracorriente de la percepción clara de gran cantidad de procesos actuales, como las coacciones hacia la acumulación y hacia las maquinarias estatales, ya señaladas.

Se pueden ofrecer razones a cerca de que las disposiciones al aferramiento de esas flamas, por lo que permanecen con cierta vida, pertenecen, objetivamente, a grupos posicionados en la cabeza de las maquinarias estatales, anhelando, con ello, los viejos tiempos de seducción y de engaño para el ejercicio continuo de la domesticación (quisieran perpetuo). Dado que para muchos casos la subjetividad se enfrenta a las condiciones objetivas actuales, ya comentadas, lo anterior se expresa, más precisamente, de la siguiente manera. Se puede razonar que esas flamas aún sobrevivan tanto más si se trata de espacios sociales que proporcionan condiciones materiales para su sustento ciertamente relativo: piénsese en algunos países centrales y en la aplicación, en un cierto grado, de políticas ligadas a la oferta de redistribución.

Es mucho más difícil razonar la existencia de tal mantenimiento si se consideran otras posiciones sociales y espaciales, si bien su mantenimiento más fuerte reside fundamentalmente en términos de la elucubración o en el lamento nostálgico. Esas flamas, tratan, por ejemplo, de la certeza de la racionalidad en los asuntos de gobierno y en las relaciones humanas, así como la efectividad de la estrategia de la toma del poder estatal como la vía para llegar a un “mundo diferente”. Estas flamas del liberalismo se ven expresadas con mucha fuerza actualmente en la demanda del “lado social” de la maquinaria estatal y o en el anhelo o en la exigencia de la reintervención de ésta en asuntos como la implementación de mecanismos de redistribución. Dicho concretamente, aunque no se agote el punto, en la demanda de gasto hacia diferentes rubros que se creen prioritarios al “desarrollo” de la “nación” ¾léase también del “ciudadano”, del “capital humano”¾, o vinculados con lo que se llamó la defensa de la “propiedad pública” y en pro de la “liberación nacional”. Demanda de intervención, también, en la alza de los salarios reales y en la construcción de estructuras impositivas “eficientes”, “adecuadas”. Son demandas que, en el mejor de los casos, bien pueden representar una propuesta de agenda política y, no menos importante, una de objetos de estudio. Pero en el fondo pertenecen al lamento nostálgico keynesiano. Se trata en realidad de un aferramiento hacia componentes de la antigua oferta liberal de integración; en tanto que el carácter regresivo, que también posee, no se desvanece por el hecho de que circula particularmente por medio del tratamiento teórico o de la abstracción académica. Vale recordar simplemente que tal oferta en sus mejores tiempos nunca fue tan integradora. Durante su apogeo, al menos en muchos países periféricos, se concretaba más en términos de distribución de bienes económicos, cada vez más hacia una minoría, que en términos de bienes políticos. Una relación que dio mucho de qué hablar y de qué escribir: piénsese por ejemplo en la interrogación: “¿desarrollo versus democracia?”.

Las amplias posibilidades de ahora de que la maquinaria estatal quede en manos de las “fuerzas represivas de ultraderecha”, como es el caso actualmente de muchos países, México entre ellos, pareciera relativizar la caducidad de esas flamas. Pareciera también que no puede devenir en una nimiedad los lineamientos principales de la política económica o de la política de gobierno en el tiempo de la corta y mediana duración puesto que pueden afectar, incluso severamente, a grandes capas de la población. Posiblemente algunas razones como las anteriores tendrán qué ver con las disposiciones al aferramiento de la antigua oferta liberal.

Pero también parece que, en gran medida, es porque la reflexividad brilla por su ausencia o porque aún se cree, como acto de fe, que la antigua oferta liberal fue la máxima creación humana para llegar al paraíso en la tierra, de la que no hay que quitar el dedo del renglón, pase lo que pase. Con este aferramiento, es que la evaluación y la interpretación sobre lo que está ocurriendo en varios espacios sociales han sido erradas, han perdido la brújula, o, en el mejor de los casos, han sido parciales. La permanencia de esas flamas, por la vía teórica sobre todo, así lo deja ver claramente; la persistencia de las creencias en el “lado social” de la maquinaria estatal o la intervención de ésta en asuntos como la redistribución, así lo demuestra sin objeciones12.

En resumen, al poco tiempo de que emergiera con una gran fuerza el reformismo intelectual y político a propósito de la estructura política del país, se tuvo cierta claridad de que las “reformas políticas” pueden extenderse al infinitum sin influir en el “mejoramiento realmente masivo de la vida material de las clases peligrosas”. Esta circunstancia, sin embargo, ha influido verdaderamente poco en el freno o repliegue de producciones teóricas que ponen el énfasis, como hace tiempo atrás, en la redistribución de la riqueza, en el “desarrollo nacional”, en la reconstrucción del estado, en la planificación de la economía, así como en las “estrategias” fundamentales para “combatir” el “origen” de los escasos efectos del reformismo práctico o de la “falta de democracia”: las transnacionales y los socios del imperialismo. Con este aferramiento principalmente en términos intelectuales, al parecer se ha creído que se está recuperando terreno frente a los efectos que ha causado la implementación de lo que ha se dado por llamar neoliberalismo. Con este aferramiento, al parecer también se ha creído que se está dando la batalla más importante para, paradójicamente, regresar a un ilusión perniciosa: el “desarrollo nacional”.

Referencias bibliográficas

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Notas

1 Un “proyecto estatizante” en el sentido de que el “estado debe ser el regulador del proceso de desarrollo y el árbitro indiscutido de los conflictos sociales” (Labastida, 1977: 234).
2 Otra manera de decir lo mismo es: “Esos ciclos-B están caracterizados por funciones estándar: el crecimiento global de las tasas de desempleo y un ataque general en los niveles de sueldo; el desplazamiento de las que en su momento fueron las industrias principales y que ya no son tan provechosas a estados semi-periféricos (los cuales declaran estar ‘en desarrollo’); el desplazamiento del capital de inversión por el capital que busca sus beneficios en el área financiera; los intentos de reducir los costes atacando las presiones gubernamentales que internalizan dichos costes (con el fin de proteger al medioambiente) y buscando la reducción de impuestos al rebajar las protecciones del estado de bienestar. Todo esto, naturalmente, ha ocurrido desde los años setenta y todavía continúa. Al discurso conceptual que acompaña a estos resultados políticos le hemos venido llamando ‘neoliberalismo’ ” (Wallerstein, 2006). Estas son características generales para hablar de una entrada B de Kondratiev. Queda pendiente efectivamente su ilustración para cada país específico, particularmente del que nos ocupa. En todo caso, su defensa y su utilidad analítica se encuentra en la ampliación que se hace de ella (es decir de la existencia de una fase B) en la bibliografía referida. La pertinencia de señalar este ausencia de ilustración, con fines de mayor plausibilidad, se la debo a los comentarios que se hicieron a una versión anterior de este ensayo, del colega Edgar Acatitla y del profesor José Villaseñor.
3 Una porción que, observada más de cerca, es muy considerable con respecto al total. De ahí la relevancia del proceso porque los servicios estatales necesarios para la certidumbre y para la viabilidad de la acumulación dependen en gran medida de la carga fiscal impuesta a la sociedad. Piénsese, por ejemplo, en lo que supondría la restauración a propósito de la “externalización de costos”, claramente los daños a la naturaleza. Un análisis que expone ésta y otros desafíos en busca de solucionar el costo ecológico debido al funcionamiento del capitalismo en (cf. Wallerstein, 2002).
4 Una valiosa excepción a esa tendencia de escasez intelectual, además de un análisis lúcido sobre estas posibilidades, puede verse en (Wallerstein, 2003, particularmente el capítulo tercero; 1997: 69-99, particularmente 86-95).
5 En absoluto una tesis se constituiría en torno a ello. De hecho es plausible sostener lo contrario: que la intensidad y la presencia del recurso en los tiempos pasados no encuentran diferencia, en ese estricto sentido, con respecto ahora.
6 En términos de superficie, este caso, en el decenio de 1970, había significado el rechazo total de la estrategia de “perfil bajo” que sostenía Estados Unidos frente al Tercer Mundo; una estrategia que, al menos desde el punto de vista de la potencia hegemónica, fungía como componente adicional, pero cada vez menos funcional, de los primeros pasos para confrontar la llegada de la fase B, así como para confrontar el inicio de su pérdida de “poder mundial”. “Generalmente [La opción Joemeini] …se formula como la amenaza del fundamentalismo islámico, pero éste es un énfasis completamente equivocado. No es un fenómeno peculiar del Islam. Y tampoco es particularmente fundamentalista, si por eso se entiende algún regreso a prácticas religiosas antiguas. La opción Joemeini es principalmente la culminación de la ira contra los horrores del sistema mundial moderno, y concentra la ira en sus mayores beneficiarios e instigadores, el centro occidental de la economía-mundo capitalista. Es la denuncia de Occidente, incluyendo, o quizá especialmente, los valores de la Ilustración, como la encarnación del mal. Si esto fuera una mera táctica, un modo de movilización popular, sería posible enfrentarlo. En la medida en que representa una auténtica opción, no hay camino para la comunicación ni la resolución” (Wallerstein, 1996: 24).
7 La primera guerra que Iraq entabló contra Estados Unidos, al inicio de los años noventa, no sólo fue un claro desafío también sino que significó, en el fondo, un rechazo violento a la estrategia liberal ofertada al Tercer Mundo: la ilusión perniciosa del desarrollo nacional. “[La opción de Saddam Hussein] …no es el rechazo total de los valores del sistema mundial moderno. El Baath era un movimiento de liberación nacional típico, y totalmente secular. Yo creo que la opción de Saddam Hussein no es otra cosa que la opción Bismarck. Es la convicción de que puesto que las desigualdades económicas son resultado de las rapports de forces políticas, la transformación económica requiere fuerza militar. El enfrentamiento entre Estados Unidos e Iraq es en realidad la primera guerra entre el Norte y el Sur. Todas las guerras de liberación nacional (por ejemplo Vietnam) tenían un objetivo limitado y bastante claro: la autodeterminación. Desde el punto de vista del Sur, todas esas guerras fueron iniciadas por el Norte y no habrían ocurrido si el Norte hubiera dejado en paz al Sur. En la crisis del Golfo Pérsico la guerra fue iniciada por el Sur con la intención no de alcanzar la autodeterminación sino de transformar la rapport de forces, la relación de fuerzas mundial. Es realmente algo muy diferente. Es muy posible que Saddam Hussein pierda la batalla y sea aniquilado, pero ha mostrado el camino hacia una nueva opción –la creación de estados más grandes, el armamento de esos estados no al segundo nivel sino al nivel máximo, la disposición a correr el riesgo de una guerra real. Si ésta es una opción cuyo momento ha llegado, ¿qué consecuencias puede tener? Una matanza terrible, desde luego, sin duda con empleo de armas nucleares… Desde el punto de vista tanto del Norte como del Sur, la opción Saddam Hussein es más temible que la opción Joemeini” (ibidem: 24-25).
8 Si bien el punto de vista de Estados Unidos lo ha concebido como una amenaza más peligrosa de lo que significó el “comunismo”, sobre todo las versiones más radicales como el llamado “terrorismo islámico”, para intentar mantener consigo antiguos acuerdos y alianzas en su beneficio como los entablados en la Guerra Fría, este islamismo político produce, ciertamente y de diferentes graduaciones, versiones violentas de rechazo claramente hacia los Estados Unidos y, sobre todo, hacia lo que representan, aunque no sólo hacia ellos (cfr. Wallerstein, 2006: 8-18).
9 “…¿cómo será políticamente posible impedir la migración masiva y no autorizada del Sur hacia el Norte? (.) Esto desde luego ya está ocurriendo, pero creo que la escala aumentará de forma significativa, y con ello transformará la estructura de la vida social del Norte. Basta con observar dos cosas. Es muy posible que el Sur dentro del Norte llegue a representar entre 30 y 50 por ciento de la población para el año 2025. Y es muy posible que haya un intento de negarles los derechos políticos, lo que significa que después de doscientos años de integración social de las clases trabajadoras del Norte volveríamos a la situación de comienzos del siglo XIX –la existencia de una masa sin derechos en los estratos ocupacionales más bajos. Ciertamente no es ésa una receta para la paz social” (Wallerstein, 1996: 25-26).
10 Una trilogía de propiedades que nunca, a decir del autor, podrá venir de la “izquierda”, especialmente “dogmática y violenta”.
11 De entre varias posibles, yo la encuentro, a mediados de los noventa, en el trabajo de (Zermeño, 2001).
12 Esta pérdida de la brújula o ese análisis parcial se ve reflejado, por ejemplo, en la evaluación actual que se hace del estado-nación, particularmente del periférico. De varios frentes vinieron las posturas antiestatales, reclamando, según, su “intervención” en el “mercado” o su carácter autoritario o paternalista. La ofensiva no ha sido, en absoluto, una novedad, baste remitirse a las discusiones de la primera mitad del siglo XIX. Si bien el carácter autoritario que les circuló ampliamente alimentó en gran medida la actualización de esas disputas, ninguna de las que emergieron y de las que se aplicaron realmente, sin embargo, vinieron de estratos capitalistas que asumen los servicios estatales como una condición sine qua non para la acumulación en serio, mundial y significativa ¾en todo caso, de capitalistas marginales o desfavorecidos por los monopolios en ese entonces imperantes, quienes ante tales circunstancias rugen en torno al laissez faire, al laissez passer y resucitan a Adam Smith, así como se convierten en feroces defensores de la presencia estatal al tiempo probable de verse beneficiados por él¾. Ha sido menos por consigna o por ideologías antiestatistas que el “lado social” del estado, vinculado claramente a la antigua oferta liberal de integración, está en proceso de “desmantelamiento” al ciento por ciento. Resulta evidente que tales estrategias y tales ofensivas de “desmantelamiento” no han sido pensadas, desde un punto de vista de clase (capitalista), hacia la estructura estatal en conjunto o, dicho más precisamente, hacia todos los servicios estatales necesarios, sino sólo y particularmente en referencia a ese lado y, en cierta medida también, para casos débiles, ir contra los anhelos sobre el funcionamiento de la estructura estatal: eficiencia, transparencia, etc. En todo caso, lo que puede registrarse en la mayor parte de las maquinarias estatales, es decir las periféricas, es que el marco de una fase B de Kondratiev no sólo ha hecho posible el diseño de tales estrategias, sino que ha atentado contra su propia capacidad de maniobra en varios “rubros” diferentes al “lado social”.